En épocas normales la sugerencia de que los líderes de nuestro país podrían haber cometido crímenes de guerra hubiera violado un firme tabó de la discusión política norteamericana. Sin embargo, en la era posterior a Abu Ghraib–y especialmente mientras el Presidente Bush se ha peleado con el Congreso por la enmienda McCain que prohibía el abuso a todos los detenidos bajo custodia de EE.UU.–los observadores ya no pueden mostrar escándalo ante la idea de que las violaciones criminales de la ley humanitaria han ocurrido. Segón un reciente editorial en The Washington Post, la enmienda “ordenaría el fin de los cientos de casos de tortura y tratamiento inhumano, muchos de los cuales equivalen a crímenes de guerra, que han sido demostrados por la Cruz Roja Internacional y el propio Ejército en la base de la bahía de Guantánamo, Cuba, y en Afganistán, Irak y otros lugares”.
Con la Casa Blanca a la defensiva acerca de sus justificaciones para la invasión a Irak, y con los gobiernos europeos formando alboroto de si ha habido abuso de prisioneros por parte de norteamericanos en bases en el continente, parece seguro que se incremente el escrutinio de los supuestos crímenes de guerra norteamericanos. Y si el debate acerca de este tema escandaloso comienza a aumentar, un nuevo libro, editado por Jeremy Brecher, Jill Cutler, y Brendan Smith, promete agregar leña al fuego. En nombre de la democracia: crímenes norteamericanos de guerra en Irak y más allá incluye documentos oficiales, coreos electrónicos filtrados, testimonios, comentarios y artículos investigativos. En conjunto, esto parece demostrar que las acciones de la administración Bush en el exterior violan normas y tratados internacionales, y que los responsables están sujetos a repercusiones legales.
¿Llegaremos a ver a Donald Rumsfeld ante un tribunal? Mark Engler habló con los editores acerca de por qué el tema de los crímenes de guerra puede convertirse en una piedra mayor en el zapato de funcionarios de la administración, acerca del potencial y las limitaciones del derecho internacional y acerca de la obligación de los ciudadanos para evitar que se cometan otros crímenes.
El historiador Jeremy Brecher ha escrito y editado más de una docena de libros, incluyendo un clásico de la historia sindical Strike! (Huelga). Jill Cutler es vice decana en Yale College y editora de Visiones globales: más allá del nuevo orden mundial. Brendan Smith es un estudioso de la jurisprudencia y ex ayudante congresional de la Representante Bernie Sander (Independiente por Vermont).
Mark Engler (ME): ¿Acusar a Estados Unidos de crímenes de guerra le hace parecer a uno ajeno al sentimiento mayoritario norteamericano? ¿No creerá la mayoría de las personas que estas acusaciones provienen de la izquierda?
Jeremy Brecher: Si Estados Unidos está involucrado en crímenes de guerra, como norteamericanos tenemos la responsabilidad de enfrentarnos al hecho. No creo que ocultarse de la realidad sea una solución para el hecho de que a nadie le gusta que le digan que está haciendo algo malo.
Lo segundo, sin embargo es que los norteamericanos en realidad están muy preocupados de que nuestro país pueda estar haciendo cosas que no están de acuerdo con nuestros valores. Apelar a esa preocupación no es insultar a nuestro país, sino dar a los norteamericanos una manera de confrontar a nuestro gobierno con lo que ha estado haciendo.
Jill Cutler: Personas que trabajan en el FBI, senadores y representantes están muy preocupados por nuestro comportamiento en la guerra contra el terror. El FBI está preocupado acerca de la tortura que estaba ocurriendo en varios lugares. Funcionarios militares están preocupados de que se esté violando el manual de campaña del Ejército.
Brendan Smith: El concepto de crímenes de guerra realmente está uniendo a aliados poco probables. En paralelo con el movimiento por la paz estamos viendo lo que se pudiera llamar un “movimiento por la ley y el orden”. Aquí tenemos a organizaciones como Amnistía Internacional y la ACLU (Unión Norteamericana por los Derechos Civiles) que están preocupadas por las libertades civiles y los derechos humanos. Pero también hay una docena de militares retirados, liderados por el General de Infantería de Marina David Brahms, quienes escribieron una carta al comité Judicial del Senado pidiendo que no confirmaran a Alberto Gonzáles como Fiscal General, porque había promovido violaciones de las Convenciones de Ginebra.
Brecher: La actitud del póblico acerca de los crímenes de guerra ha cambiado mucho desde la década del 90. Nos hemos alejado de una situación en la que los crímenes de guerra eran sólo epítetos que los gobiernos usaban para atacar a los líderes extranjeros que no les gustaban. Ahora vemos tribunales para la ex Yugoslavia y para Rwanda. Tenemos el Tribunal Penal Internacional, que aunque Estados Unidos no es parte de él está destinado a juzgar crímenes de guerra. El propio Estados Unidos ha presentado acusaciones o cargos formales de crímenes de guerra contra líderes de otros países–incluyendo, en estos mismos momentos, contra Saddam Hussein. Así que este es un concepto con el que nos estábamos familiarizando más, algo que está considerado como parte del cuerpo de la ley.
ME: La idea de que EE.UU. podría cometer crímenes de guerra es tabó, pero por otra parte se da por sentado que nuestro país desempeña un papel especial en el mundo–que Estados Unidos es una excepción. Y esa excepcionalidad da a EE.UU. cierta prerrogativa para actuar sin tener que someterse al escrutinio internacional.
Brecher: Esta es una aseveración hecha por la administración Bush, pero cuando se miran los datos de las encuestas, está claro que esta creencia no es ampliamente compartida por el pueblo norteamericano. Hay un grupo muy interesante de encuestas hecho por una organización llamada PIPA, el Programa Acerca de Actitudes hacia Política Internacional, de la Universidad de Maryland. Muestra que la mayoría de los norteamericanos cree que Estados Unidos debe respetar el derecho internacional y las convenciones de Ginebra. Es a esta creencia fundamental en el derecho, tanto el derecho nacional como el internacional, a lo que esperamos apelar.
Para mí personalmente se remonta a las fotos que vi de las víctimas de los campos nazis de concentración, cuando se publicaron por primera vez después de la 2da. Guerra Mundial, y a oír hablar acerca del tribunal de Nuremberg. Soy demasiado joven para recordar al tribunal en sí, pero tuve conocimiento de él a una edad temprana. La idea de que altos funcionarios fueron considerados responsables por los crímenes cometidos por los que estaban a sus órdenes me pareció que era una parte esencial de cómo promover la decencia y la paz en el mundo.
Hubo un intento por aplicar la idea a la guerra de Viet Nam, pero no existía un mecanismo para hacerlo cumplir–a pesar de que la Comisión Bertrand Russel formó un tribunal en lo que ahora llamaríamos la sociedad civil, para investigar los supuestos crímenes de guerra de EE.UU. Pero a medida que corría la década del 90, los tribunales de crímenes de guerra se convirtieron en instituciones vivas. Y eso planteó la cuestión de si eso pudiera ser aplicado de manera significativa a todos los países, incluido Estados Unidos.
Smith: Más allá de todo excepcionalidad, hay un principio más afincado en la sociedad norteamericana, y es el de que incluso los más poderosos tienen que responder ante la ley. Si se yuxtaponen los dos principios, responsabilidad y excepcionalidad, creo que el que gana es el de responsabilidad.
ME: ¿Cuáles son específicamente los crímenes de guerra que ustedes identifican?
Smith: Estamos hablando de tres categorías. La primera son los crímenes en contra de la paz. Después de Nuremberg se estableció una idea de que lanzar una guerra de agresión es el mayor crimen internacional. Sólo hay unas pocas circunstancias específicas en las cuales un estado puede usar la fuerza contra otro estado. La carta de la ONU dice que se necesita una resolución del Consejo de Seguridad o que uno debe actuar en defensa propia de un ataque inminente e inmediato. En la situación actual, EE.UU. lanzó una guerra de agresión en Irak que hasta Kofi Annan ha declarado que es ilegal.
La segunda categoría de crímenes tienen que ver con la conducción de la guerra y la ocupación. Esto incluiría el uso por parte de la administración de armas ilegales, tales como napalm, fósforo blanco y bombas de racimo. Incluye la negligencia de proteger a los civiles. Incluye tratar de derrotar a la insurgencia iraquí por medio del castigo colectivo a la población civil–con actos como cortar el suministro de agua. Esta es una práctica que vimos en Faluya y otros lugares, y que la ONU ha condenado.
En realidad Faluya resume varios de estos crímenes. Allí hubo ocho semanas de bombardeos; destruimos 36 000 casas, 60 escuelas y 65 mezquitas. Uno de los primeros actos de los militares fue asaltar el hospital. EE.UU. cortó todo suministro de alimentos, toda la energía a toda la ciudad. El Departamento de Defensa dijo que todos los civiles estaban fuera en el momento del ataque, pero los informes muestran que de 30 000 a 50 000 civiles permanecían en la ciudad. EE.UU. impidió que la Media Luna Roja entrara. A todos los hombres de 15 a 55 años se les impidió marcharse. Así que en Irak, Faluya se ha convertido en el símbolo de la brutalidad y de los crímenes norteamericanos de guerra.
El tercer conjunto de crímenes de guerra se centra en la tortura. Aquí la pregunta no es si está sucediendo, sino con qué frecuencia y quién es responsable. Cuando escribimos el libro había 32 muertes de prisioneros bajo custodia de EE.UU. Ahora hay más de 100. El FBI reporta casos de estrangulamiento, quemaduras con cigarrillos, golpizas rutinarias.
Cutler: El no contar las muertes civiles también es un crimen de guerra, una violación de las Convenciones de Ginebra.
ME: Ciertamente la guerra es fea. Suceden cosas terribles en la guerra. Pero la acusación de que este tipo de cosas es un delito parece ser controvertida. La administración pudiera responder, por ejemplo, que está haciendo todo lo posible por evitar las muertes de civiles.
Smith: Nuestra aseveración es que hay evidencia más que suficiente para iniciar un proceso o para realizar una investigación. Las preguntas más concretas de si un cierto ataque–como el ataque al hospital de Faluya, si fue un ataque legal porque el edificio estaba tomado por insurgentes o si la instalación era un hospital en funcionamiento que atendía a enfermos y heridos–es un pregunta factual. Debe responderla un jurado; debe decidirse en un tribunal.
Brecher: La renuencia de EE.UU. a registrar e investigar la muerte de civiles realmente llega al meollo de esto. Si no se investiga la muerte de civiles por bombardeos o en barreras en las carreteras o en los combates casa por casa, no hay manera de saber si las operaciones se están llevando a cabo segón el derecho internacional. Es por eso que el conocimiento de los efectos de la guerra en los civiles es responsabilidad legal de los jefes militares. Hay declaraciones póbllicas–específicamente por parte del Sr. Rumsfeld–de que estas cosas no están siendo investigadas, que no se lleva registro algunos de muertes de civiles. Ese es un acto inherentemente criminal.
ME: La tortura es el crimen de guerra del cual se oye hablar más, y quizás hay una buena razón para eso. La evidencia acerca de la tortura, particularmente el testimonio de los que han sido torturados en Guantánamo o Abu Ghraib, y los documentos gubernamentales filtrados que demuestran el conocimiento oficial de la situación, parecen ser excepcionalmente condenatorios. Me pregunto si ese es el porqué de la atención que atrae.
Cutler: La evidencia acerca de otros crímenes de guerra es también muy fuerte y bastante golpeante. Creo que quizás la gente tiene un sentimiento especial acerca de la tortura porque considera que una nación democrática no la usa. No le importa mucho que una nación democrática prive a los civiles del agua. Respondemos más fuertemente a la idea de la tortura porque vemos que puede pasarnos a nosotros mismos. La mayoría de nosotros no puede concebir que una de nuestras ciudades sea privada de agua.
Smith: Como cualquier buen acusador uno usa primero sus más fuertes argumentos. Y el mejor argumento que existe, debido al trabajo increíble de Amnistía Internacional, de ACLU y de otros grupos es la tortura. Sabemos de esos memorandos filtrados debido a casos de la Ley de Libertad de Información por parte de ACLU y de otros grupos.
Otra cosa que tuvo gran impacto justo al principio fue el chivo expiatorio de soldados de bajo nivel como Lynndie England. La administración argumentó que esto era simplemente un asunto de unas cuantas ovejas descarriadas, cuando en realidad oficiales de alto nivel tenían responsabilidad.
ME: Recientemente uno de los periódicos de Nueva York publicó una gran foto del Presidente Bush en su primera plana y un gran titular que era una cita de él: “No somos torturadores”. El hecho de que él tuviera que realizar esa negativa me parece que es extraordinaria en el contexto político norteamericano.
Brecher: Estamos viendo las consecuencias de algunas ideas y prácticas que probablemente nunca han sido llevadas a tal extremo. Una es la idea de que el Presidente tiene poder ilimitado. Este argumento se ha presentado anteriormente, y ciertamente el poder ejecutivo ha tenido mucho margen en tiempos de guerra. Pero la gente se ve obligada a enfrentarse al hecho de que, llevada a su conclusión lógica, esta idea significa que el Presidente simplemente puede ordenar que torturen a la gente. La administración Bush ha llegado a declarar en un tribunal que si decidiera ejecutar sumariamente a los que tiene prisioneros, ningón tribunal tendría el derecho de intervenir. Llegaron a decir eso en un tribunal.
Y luego está la doctrina de la guerra preventiva. La Casa Blanca ha llevado esto tan lejos que ha dicho que tiene derecho a hacer cualquier cosa que diga que es en defensa de la seguridad nacional–y que ningón derecho internacional puede impedirlo.
Estas son posiciones tan extremas que están comenzando a obligar a la gente a decir: “¿Cuáles son los límites?” Tiene que haber algón límite que no podamos cruzar. Y creo que una vez que esa pregunta se plantea, es un momento de auto-educación para todos nosotros–un momento para pensar dónde se encuentran esos límites que realmente no podemos cruzar.
Smith: Creo que la gente de ÊBush realmente está en problemas: Suecia, Islandia, España, Italia y la comisión de derechos humanos de la Unión Europea están investigando a la CIA debido a la tortura–están mirando las acusaciones de que EE.UU. ha reinventado el Gulag dentro de los gulags de Polonia y Rumania. Varios grupos como ACLU y Derechos Humanos Primero ya están atacando a Rumsfeld por su responsabilidad directa en la tortura.
No creo que la administración Bush sepa cómo salirse de esta situación. Sus soluciones son cosas como que el Vice Presidente Cheney cabildee en el Capitolio para hacer una excepción en la enmienda de McCain contra la tortura, de manera que los oficiales del CIA puedan torturar como política. En respuesta, The Washington Post calificó a Cheney de “Vice Presidente para la Tortura”. La administración debe haberse dado cuenta de que esto realmente está fuera de control.
Recuerde, ellos han expresado explícitamente su preocupación acerca de las acusaciones de crímenes de guerra. Cuando Gonzáles escribió su memorando del 25 de enero de 2002 acerca de la tortura, alertó al presidente acerca de un posible encausamiento a tenor de la Ley de EE.UU. de Crímenes de Guerra, de 1996, que dice que cualquier violación grave de las Convenciones de Ginebra es un delito bajo la ley federal de EE.UU. El abogado del presidente en realidad le está alertando de que él tiene que pensar en este problema y hacer sus planes para no ser acusado por crímenes de guerra.
ME: Ustedes argumentan que una de las implicaciones de considera a la guerra de Irak desde una perspectiva de crímenes de guerra es que cambia la manera en que consideramos a los que se resisten a la guerra.
Cutler: No cambia necesariamente en que consideramos a los que se resisten a la guerra, pero sí nos lleva a valorar más su resistencia. Lo que me llama la atención es que la gente que sí se resiste, especialmente los que son militares, a menudo se enfrentan a horribles consecuencias. Cuando Greg Ford, un veterano de 30 años de la Guardia Costera, acudió a decir a su superior que estaban torturando a prisioneros en su unidad en Samarra, Irak, le dijeron que tenía 30 segundos para cambiar de opinión acerca de presentar un informe. Cuando se negó fue llevado en avión a un hospital psiquiátrico en Alemania. En este contexto, creo que para resistirse a la guerra hace falta un tipo de valor que podemos imaginar a duras penas.
Brecher: Una de las cosas que ha sido sorprendente para identificar a los que se resisten es cuánta resistencia está basada en la defensa del derecho nacional e internacional. A fines de 2004 un juez militar escuchó el testimonio de Pablo Paredes, un marino que recibió la orden de subir a bordo de un barco destinado a Irak. él se apareció usando una camiseta que decía: “Al igual que un miembro del gabinete, renuncio”. Se negó a subir a bordo porque estaba convencido de que la guerra violaba la ley. Lo sorprendente del caso fue que el juez al final se negó a enviar a Paredes a la cárcel. Dijo que el caso del gobierno en contra del marino era tan débil que había una causa razonable para creer que la guerra en Irak era ilegal.
No creo que vayamos a ver un gran nómero de jueces militares declarar que la guerra es ilegal. Pero esta es una reflexión extrema de una profunda preocupación acerca de la ilegalidad de las acciones de la administración Bush que está extendida entre los abogados militares.
ME: En el libro ustedes discuten las “evidentes limitaciones” del derecho internacional. Ustedes escriben que “Seguramente hay poca expectativa de que miembros de la administración Bush serán procesados pronto por crímenes de guerra en tribunales norteamericanos”. Pero ustedes argumentan que los crímenes de guerra son una parte importante de una estrategia más amplia para enfrentarse a la ilegalidad de la Casa Blanca.
Smith: Cuando escribimos el libro nunca imaginamos que estaríamos donde estamos hoy, con tanta acción en los tribunales. Sin embargo, crepo que el asunto en general es válido. Me parece que debiéramos ser escépticos de la ley como alternativa a la organización.
Al mismo tiempo, la ley puede ser una fuerza que apoye a movimientos sociales. Una manera en la que los movimientos usan la ley es el llamado constitucionalismo popular–el uso de conceptos legales para legitimar objetivos sociales. Vimos esto cuando Martin Luther King argumentó que la Constitución era una nota de pago, que prometía igualdad a todo el pueblo y que el movimiento de los derechos civiles estaba allí para exigir el pago. Hay una larga historia del uso de documentos legales de esta manera.
Los movimientos sociales también pueden capitalizar los hechos no intencionados del derecho. Hay partes de la ley que son muy progresistas, pero que nunca se tuvo la intención de que lo fueran. Por ejemplo, el Presidente Truman insistió, en contra de los deseos de Churchill, que los líderes militares nazis y japoneses tuvieran un juicio justo, con el debido proceso. Churchill por esa época estaba a favor de la ejecución sumaria, que los enemigos debían ser llevados detrás del edificio y fusilados. Pero Truman, que originalmente había sido juez de un pueblo pequeño, creía en un concepto abstracto de justicia legal. él solo estaba pensando acerca de los juicios de Nuremberg. Pero cuando se desarrollaron juicios por crímenes de guerra en décadas posteriores–contra Milosevic, por ejemplo–necesitaron precedentes. Y se remitieron a los juicios de Nuremberg. Queremos alentar el actual desarrollo de la ley contra crímenes de guerra y usar los hechos no intencionados para llevar adelante los objetivos de justicia social.
Brecher: Un ejemplo clave que yo presentaría es la decisión de Brown vs. Junta de Educación, que decidió que separación no significaba igualdad. El hecho de que la integración ocurrió en Estados Unidos en la década posterior a la decisión Brown, no fue debido a los tribunales. Fue fundamentalmente debido a las acciones del movimiento de derechos civiles. Sin embargo, el principio legal sentó las bases para la acción. El movimiento de derechos civiles al final tuvo que usar no sólo la persuasión política, sino también la desobediencia civil en una escala masiva, a fin de lograr lo que la decisión judicial había prometido. No me sorprendería que la implementación de las leyes de crímenes de guerra requiera del mismo tipo de acción social.
En óltima instancia, nuestro libro no es un compendio de crímenes. Trata de darnos a nosotros, como norteamericanos, la comprensión, el conocimiento, y la perspectiva de enfrentar una realidad que por otro lado es aplastante. Creo que es muy importante que, como sociedad, asimilemos las lecciones de lo que sucedió en Irak. No asimilamos muy bien las lecciones de Viet Nam. Sabíamos que algo malo había sucedido. Pero como país nunca vimos realmente los errores fundamentales que nos arrastraron allí. Esa es una de las razones por las que estamos enfrentándonos hoy a la catástrofe en Irak.
Nuestro propósito de plantear el asunto de los crímenes de guerra es el de señalar que llegamos a esto en parte porque en nuestra sociedad no tenemos barreras, principios y valores para decir que ciertas cosas son inaceptables. Si algo constructivo se desprende de los horrores de Estados Unidos en Irak, será ese tipo de reflexión y la creación de límites que evitarán que lo hagamos otra vez.
(Este mes Brecher, Cutler y Smith están creando un sitio Web de Vigilancia de Crímenes de Guerra para descubrirla evidencia continuada de crímenes de guerra y los esfuerzos nacionales para impedir que se cometan futuros crímenes.)
