A principios del mes pasado, el Representante de Comercio de EE.UU., Robert Zoellick, se reunió con ministros del Exterior de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua para iniciar las negociaciones oficiales para el Acuerdo de Libre Comercio de América Central (ALCAC), un tratado que ampliaría a Centroamérica las reducciones de barreas arancelarias al estilo del ALCAN (Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte). La primera sesión de regateos del ALCAC tuvo lugar en San José, Costa Rica, el 27 de enero.
A Zoellick y a otros representantes de la Casa Blanca les gustaría creer que sus esfuerzos por abrir los mercados en todo el hemisferio servirán para “fortalecer la Democracia” en el exterior. Montados en la ola de sentimiento patriótico, ellos se ven a sí mismos como “Comerciando en Libertad”.
Sólo hay un problema en esta retórica: el ALCAC brinda un perfecto ejemplo de un acuerdo de “libre comercio” que en realidad mina las libertades democráticas.
La Casa Blanca asegura que el ALCAC obligará a las naciones centroamericanas a “mayor apertura y transparencia”. Irónicamente las propias negociaciones para el acuerdo de comercio son cualquier cosa menos transparente. A pesar de las exigencias de grupos vigilantes, los borradores de la propuesta del ALCAC no han sido hecho públicos en América Central ni en Estados Unidos, lo cual evita la discusión abierta y el debate.
La naturaleza antidemocrática de las negociaciones del ALCAC oscurece los problemas más sustantivos. Los defensores del “libre comercio” mantienen en secreto sus posiciones negociadoras porque tienen mucho que esconder. Si se implementa, el ALCAC erosionará normas democráticas claves, tales como derechos de los trabajadores y la capacidad de legislar protecciones medioambientales.
Funcionarios de la administración Bush aseguran que las reformas al mercado producirán “condiciones mejoradas de trabajo”. Sin embargo, la experiencia sindical de las maquiladoras existentes en zonas de libre comercio en Centroamérica sugiere lo contrario. En el contexto guatemalteco, la organización de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch publicó un informe a principios de este año diciendo que “los esfuerzos por formar sindicatos en el sector de las maquilas se han enfrentado a una resistencia devastadora por parte de la industria en su conjunto y, en el mejor de los casos, negligencia gubernamental. Los esfuerzos sindicalistas han sido atacados con despidos masivos, intimidación, represalias indiscriminada contra todos los trabajadores y cierre de plantas”.
Como el ALCAC amenaza con debilitar las normas laborales exigidas por el Sistema Generalizado de Preferencias (GSP) de la era de Clinton y la Ley de Asociación de Comercio de la Cuenca Caribeña, promoverá los esfuerzos por parte de dueños de fábricas para eliminar la libertad de asociación y el derecho a formar sindicatos. Por eso es que no sólo la AFL-CIO (central sindical unificada de EE.UU.) se opone al ALCAC, sino también una amplia gama de organizaciones sindicales centroamericanas.
El ALCAC también pone en peligro salvaguardias medioambientales instituidas. Disposiciones anteriores de comercio, como el Capítulo 11 del ALCAN, da a las corporaciones el derecho de hacer reclamaciones judiciales a los gobiernos a causa de disposiciones (y leyes) de protección ambiental que afecten sus futuras ganancias, sobre la base de que estas constituyen barreras arancelarias injustas. En 1998 la Ethyl Corporation llevó a Canadá a los tribunales por su prohibición de salud pública al MMT, un aditivo al combustible. Canadá decidió eliminar su disposición protectora del entorno y pagó $13 millones a Ethyl, en vez de arriesgarse a perder el caso y pagar $251 millones por daños. El estado de California sufrió un ataque parecido por prohibir el MTBE, un contaminante probado del agua que significa riesgos para la salud humana y animal.
¿Aumentará el ALCAC el alcance de la disposición del Capítulo 11 del ALCAN? Probablemente. Pero como las negociaciones son secretas, no lo sabemos con seguridad hasta el último minuto.
Peor aún, cuando el acuerdo se someta a voto, nuestros legisladores no podrán usar enmiendas para eliminar tales partes ofensivas. En julio pasado el Presidente Bush logró que se aprobara en la Cámara de Representantes la autoridad de “Carril Rápido” para negociaciones comerciales, en contra de la objeción de 212 representantes. El proyecto de ley requiere que el Congreso acepte o rechace en su conjunto las políticas comerciales. Como explicó la representante Sandy Levin (demócrata por Michigan), esto deja “al Congreso un papel mínimo, sin sentido y de último minuto en momentos en el que la política comercial está cada vez más relacionada con todas las áreas de política nacional”.
En otro apuro calculado, los ministros de comercio quieren terminar las negociaciones del ALCAC en diciembre de 2003, antes de que las nuevas elecciones en América Central puedan producir líderes opuestos al pacto. Una preocupación clave es El Salvador, donde intentos pre-ALCAC por privatizar servicios públicos — como el cuidado de salud y servicios básicos — han desacreditado ampliamente el régimen de derecha. Si los salvadoreños eligen a un presidente de la oposición en marzo del 2004, a la Casa Blanca le gustaría tener al nuevo gobierno atado a las políticas comerciales que apoyan los líderes expulsados del poder.
Eso basta en cuanto a libertad. La verdad es que el ALCAC no promoverá la democracia. Y la democracia puede que sea la salvación del ALCAC que se hunde.
