El 17 de diciembre funcionarios de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua finalizaron las negociaciones con Estados Unidos acerca del Acuerdo de Libre Comercio de América Central. (ALCAC ó CAFTA en inglés). El CAFTA es un mal negocio que promete extender el dañino impacto del TLCAN a los vecinos sureños más débiles de México.
Al mismo tiempo, promotores como el Representante Comercial de EEUU Robert Zoellick han declarado prematuramente una victoria en sus planes de “libre comercio” hemisférico. Una semana de intensas negociaciones en Washington demostró que los países en desarrollo ya no son tan fácilmente manipulables como en el pasado. La lucha que se avecina para detener la ratificación del acuerdo probablemente mostrará que los oponentes a la globalización corporativa estarán en mejor posición que nunca.
El propio texto del CAFTA muestra señales de un delicado compromiso político. La oficina de Zoellick ha subrayado la disminución de las tarifas en productos de consumo e industriales que entrarían en vigor con el acuerdo. Pero Estados Unidos y los países de Centroamérica eximieron de la competencia inmediata a sus productos más sensibles. Estados Unidos mantuvo la protección a las industrias azucarera y textil a cambio de períodos excepcionalmente lentos de eliminación por fases de hasta veinte años para las tarifas al maíz centroamericano, productos lácteos y otros de origen agropecuario.
Para los activistas, otros aspectos del CAFTA deben provocar mayor preocupación que las disposiciones comerciales tan discutidas. La eliminación de las barreras a la inversión abrirá aún más a las empresas públicas centroamericanas a la privatización. Es más, el acuerdo contiene mecanismos de solución de disputas similares al Capítulo 11 del TLCAN, que permite a las corporaciones reclamar judicialmente al gobierno a consecuencia de regulaciones (incluyendo la puesta en práctica de leyes locales en defensa del medio ambiente) que las compañías consideren que infringen sus derechos.
Las estipulaciones del CAFTA en defensa de la propiedad intelectual amenazan con colocar el tratamiento del SIDA más allá del alcance de muchos centroamericanos que lo necesitan. “La competencia de los genéricos ha disminuido los costos de los medicamentos contra el VIH”, dice Asia Russell, del grupo no lucrativo Health GAP. “Si Bush se sale con la suya, el CAFTA obligará a los países centroamericanos a nuevas y duras regulaciones de patentes que aumentarán el costo de medicamentos imprescindibles y demorarán o impedirán la competencia de los genéricos”.
Finalmente Thea Lee, subdirectora del departamento de política pública de la AFL-CIO, señala que el CAFTA disminuirá las defensas al trabajador presentes en la Ley de Sociedad Comercial de la Cuenca del Caribe. “Zoellick dice que este acuerdo incluye protecciones sin precedente para el trabajador. Esa es una mentira total”, dice ella. Mientras que la iniciativa anterior obligaba a los países participantes a respetar las normas laborales reconocidas internacionalmente, el nuevo acuerdo sólo requiere que los gobiernos pongan en práctica sus propias leyes, que a menudo son mucho más débiles.
Por estas razones, un CAFTA ratificado significaría un duro golpe para los trabajadores pobres en toda América. Sin embargo, este resultado aún no es definitivo. La Administración Bush ha tenido una serie de tropiezos comerciales en los últimos meses –el colapso de las conversaciones de la OMC en Cancún, la disolución en Miami de los planes para un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y la demora de las negociaciones bilaterales con Australia y Marruecos– han dejado a los promotores de tales acuerdos con una gran necesidad de mayor impulso.
El CAFTA aún no lo ha suministrado. La economía más desarrollada de Centroamérica, Costa Rica, se retiró de las negociaciones a último minuto en franco desafío a las exigencias norteamericanas de que abriera sus sectores de telecomunicaciones y seguros. La presión interna –que tuvo la forma el verano pasado de una gran huelga por parte de los trabajadores de las empresas públicas de teléfonos y electricidad– ayudaron a motivar la partida de la delegación de San José.
Zoellick espera atraer a los negociadores de Costa Rica en el futuro cercano. Pero está claro que el país ha fortalecido su posición negociadora con su abandono de la reunión. En otras partes de la región, la indignación por la privatización del cuidado de salud en El Salvador ha colocado al partido izquierdista FMLN en una fuerte posición para ganar las elecciones presidenciales en marzo, un hecho que debilitaría el compromiso del país con el CAFTA.
Aunque la Administración Bush tuviera éxito en mejorar las relaciones centroamericanas, se enfrenta a un desalentador reto en el congreso. El voto de 216 a 215 en la Cámara de Representantes en junio de 2002 para mantener con vida la autoridad negociadora del “carril rápido” del Presidente Bush es un recordatorio de cuán reñidos pueden ser los debates acerca del comercio. El resultado de un voto en la Cámara de Representantes este año acerca del CAFTA sería demasiado reñido como para poder forzarlo. El movimiento sindical usará su fuerza en un año de elecciones para presionar a los demócratas a fin de que mantengan un frente unido en contra del acuerdo. Por tanto, para que el Presidente pueda evitar que las fuerzas se pongan en su contra, él debe exigir disciplina a varios republicanos que tienen estrechos lazos con negocios afectados por el comercio. Eso no será fácil. A pesar de las concesiones en el acuerdo que minimizan el daño a sus industrias, los representantes de los azucareros y los textileros se están quejando amargamente de la perspectiva de apertura de los mercados norteamericanos.
La Casa Blanca puede expresar confianza en su capacidad para que se apruebe el acuerdo por un solo voto, pero puede no estar dispuesta a pagar el precio necesario. “Este acuerdo es más una carga que una ventaja política para la Administración Bush”, dice Larry Birns, director del Consejo de Asuntos Hemisféricos. Birns se ha unido a varios analistas en la predicción de que los asesores del Presidente con mayor visión política se impondrán al deseo del Representante Comercial de forzar un voto acerca del CAFTA a principios de 2004. “En estos momentos casi no hay posibilidad de que se envíe al Congreso antes de las elecciones”, dice él.
Zoellick ya se ha referido al acuerdo como “un importante hito” para la política comercial en las Américas. Un hito puede que sea, pero ante la fractura de su coalición interna y las protestas internacionales contra el crecimiento de la economía neoliberal, los entusiastas del “libre comercio” pudieran llegar a descubrir que el CAFTA significa un punto de partida para los críticos, en vez de un avance en el camino de la globalización corporativa. Sólo la turbulenta batalla de este año dirá la verdad.
