Hace un año, el Acuerdo de Libre Comercio de América Central (ALCAC) era un cadáver. La Administración Bush lo ha resucitado con la más negra de las hechicerías políticas. Y ahora la torpe bestia se está volviendo aún más monstruosa–y provocando una nueva controversia.
El 1 de marzo, dos meses después de la planeada fecha de implementación en enero del acuerdo comercial, el ALCAC entra en vigor entre Estados Unidos y El Salvador. Pero para los otros cinco países que son parte del tratado–Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y la República Dominicana–la fecha aún está por determinar. En los meses anteriores los debates polémicos han disparado nuevas protestas por todo Centroamérica, cuestionando lo que será el pacto comercial en la práctica.
Después de que la Casa Blanca lograra el verano pasado que el Congreso aprobara el ALCAC por estrecho margen, los defensores del “libre comercio” consideraron que el tratado no tendría problemas. El acuerdo fue aprobado con dificultad en la Cámara de Representantes por medio de un voto históricamente reñido de 217 a 215, y parecía que finalmente había capeado el temporal generado por sus diferentes críticos.
Sin embargo, una nueva ola de disensión está creando muchas dificultades a los defensores del ALCAC. En Costa Rica, el único país que falta por ratificar el acuerdo, se esperaba que el ex presidente y Premio Nóbel de la Paz Oscar Arias ganara otra vez la presidencia por amplio margen a principios de febrero. Sorpresivamente su opositor, Ottón Solís, lo derrotó en las urnas a última hora, apoyado por su objeción a la firme posición de Arias en favor del ALCAC. El resultado final fue tan reñido que hubo que realizar un largo recuento para identificar al ganador.
Según el actual conteo , parece casi seguro que los funcionarios eleccionarios declararán a Arias como ganador. (Este artículo fue escrito antes del definitivo recuento manual que dio por ganador a Arias sobre Solís por 18 000 votos.) Sin embargo, el partido opositor de Solís probablemente gane suficientes asientos en la asamblea legislativa como para hacer muy difícil para Arias que se apruebe el ALCAC. Con el argumento de que el tratado sería la “bancarrota del sector agrícola de Costa Rica”, Solís juró esta semana que, independientemente del resultado final de las elecciones, continuaría exigiendo la renegociación del ALCAC.
Como demuestra la experiencia de otros países centroamericanos, la controversia puede reiniciarse incluso si se ratifica el ALCAC. En Guatemala y El Salvador, la defensa por parte de la Administración Bush a favor de intereses especiales norteamericanos ha provocado nuevas disputas durante la fase de implementación del tratado. Rob Portman, Representante Comercial de EE.UU., ha tratado de obtener de sus socios centroamericanos aún más concesiones antes de aceptar hacer la certificación de su inclusión en el negocio. Los gobiernos de Guatemala y el Salvador han protestado, diciendo que la agenda actual de reformas de la Casa Blanca va más allá de los términos del acuerdo.
Según la publicación Inside U.S. Trade, Portman ha presionado a favor de cambios en la ley guatemalteca de propiedad intelectual para que se extienda la vigencia de las patentes de muchos productos farmacéuticos de marca. Ya Estados Unidos ha obligado a Guatemala a derogar una ley destinada a ampliar el acceso a los medicamentos genéricos, Organizaciones como Médicos Sin Fronteras han denunciado el impacto del ALCAC en la epidemia de SIDA en Guatemala, argumentando que las limitaciones a los antirretrovirales genéricos equivalen a una condena a muerte para muchos pacientes. Las exigencias de la Casa Blanca sólo empeoran las restricciones.
En respuesta, el Vicepresidente guatemalteco Eduardo Stein ha atacado a las duras tácticas de la Administración Bush: “Es una afrenta para Latinoamérica cuando un gobierno dice que desea ser un ÔsocioÕ, pero luego solo está interesado en nuestro dinero y nuestros productos básicos”, declaro a la Prensa Asociada en diciembre.
A nombre del cabildo norteamericano de carne de res, de cerdo y de ave, Portman también ha exigido que los países del ALCAC renuncien a sus propios requerimientos de inspección de sanidad de alimentos a la carne importada de Estados Unidos. Esta condición contribuyó a los retrasos a la implementación en El Salvador y provocó denuncias adicionales por parte del gobierno guatemalteco. A fines de febrero Enrique Lacs, viceministro de Comercio Exterior de Guatemala, se quejó públicamente de que “Las prácticas norteamericanas de negociación han sido desafortunadas”.
En boca de las élites centroamericanas, tales declaraciones revelan un inusual nivel de resentimiento. “Estos gobiernos son típicos seguidores de la línea de Estados Unidos”, dice Burke Stansbury, director ejecutivo del Comité de solidaridad con el pueblo de El Salvador (CISPES), “así que es extraordinario que estén haciendo ruido acerca de disposiciones con las cuales dicen que nunca estuvieron de acuerdo”.
El resentimiento se extiende más allá de los círculos gobernantes. En El Salvador, Estados Unidos presionó para que las leyes reformadas de propiedad intelectual penalizaran a los vendedores pobres en la economía informal de música y películas pirateadas. Los cambios representan un brusco viraje, ya que la actitud del gobierno salvadoreño en cuanto a la regulación era débil. Al unirse a opositores más convencionales del ALCAC, miles de vendedores callejeros han realizado ruidosas manifestaciones contra los cambios constitucionales, los cuales amenazan su ya precario modo de ganarse la vida.
En enero Todd Tucker, director de investigaciones de Vigilancia del Ciudadano Público al Comercio Global, citó encuestas que muestran la caída en picada del apoyo público en toda la región al acuerdo de comercio: 76 por ciento de los salvadoreños cree que el ALCAC no ayudará a su país; 65 por ciento de guatemaltecos dice que empeorarán las condiciones: 61 por ciento del pueblo en República Dominicana se opuso al acuerdo: y 77 por ciento en Honduras consideró que su gobierno pro-ALCAC es corrupto.
Las protestas en curso representan más que el desordenado período posterior a una negociación terminada de un tratado. Las actuales controversias acerca de la implementación del ALCAC son la señal de un debate en escalada acerca del estado de la globalización corporativa en las Américas. Las disposiciones del ALCAC que ordenan la reducción de tarifas específicas son claras. Pero algunas de las implicaciones más dramáticas del acuerdo, como la privatización, no están tan bien definidas. En los años que se avecinan serán impugnadas en parlamentos nacionales, en los tribunales de comercio y en las calles.
“Los gobiernos neoliberales en la región van a tratar de usar el ALCAC para privatizar cosas como el agua y el cuidado de salud”, dice Stansbury. “Eso es algo que la gente puede evitar. Es el nuevo campo de batalla”.
El conflicto también continúa en Estados Unidos, donde se avecina una controversia final acerca del ALCAC. Hasta la propia víspera del voto en la Cámara de Representantes en julio pasado, la Casa Blanca no tenía el apoyo necesario para la aprobación del ALCAC. Al final, la Administración Bush logró el cambio de votos claves con una serie de sobornos que fueron escandalosos hasta para lo habitual en la Circunvalación.
A mediados de febrero, Ciudadano Público dio a la publicidad un informe que exploraba los vínculos corporativos con los funcionarios electos que emitieron los votos decisivos. Entre enero y septiembre de 2005, un puñado de representantes claves recibió $2,8 millones de dólares como contribuciones de campaña de parte de comités de acción política (PAC) que representaban a industrias que se pueden beneficiar del ALCAC.
Son de notar los representantes demócratas conocidos como ALCAC 15, que se sumaron a la Administración Bush. El informe de Ciudadano Público incluye la copia de una invitación de $1 000 el cubierto a una cena para recaudar fondos, realizada el 7 de septiembre en honor de estos demócratas. El evento estaba patrocinado por los PAC de corporaciones, incluyendo a Pfizer, Procter & Gamble y Motorola.
Grupos sindicales y de comercio justo han visto la traición de ALCAC 15 con ojos menos benévolos que los de los PAC corporativos. En Illinois la Hermandad Internacional de Camioneros, que apoyó a la representante demócrata Melissa Bean en su primera campaña en 2004, ha prometido retirarle su apoyo este año debido a su cambio de voto. La AFL-CIO del estado igualmente se negó a apoyar su campaña de reelección. Otros representantes que votaron a favor del tratado, incluyendo a Henry Cuellar en Texas y Edolphus Towns en Nueva York, se enfrentan en las primarias a enérgicos retos que están apoyados por electores sindicales y medioambientalistas que se consideran burlados.
Ya sea en lides electorales reñidas en Costa Rica y Estados Unidos, en protestas oficiales en Guatemala o en manifestaciones callejeras en el Salvador, la controversia que persigue al ALCAC ya ha disipado las ideas de que el acuerdo será aceptado tranquilamente. A juzgar por el impacto del tratado en los trabajadores de todas las Américas, y por los obstáculos en el camino hasta ahora, los proponentes del ALCAC deben esperar una mayor reacción.
