“Cuando decidí unirme a Gap Inc. en el otoño de 2002”, escribe Paul Presser, presidente y Director General del gigante de las confecciones detrás de las marcas Gap, Old Navy y Banana Republic, “una de las primeras cosas que mi hija adolescente me preguntó fue: ¿Gap no tiene talleres de sudor?’ ”
Esta pregunta, martillada con eficacia en la conciencia de los consumidores por parte de un agresivo movimiento global a favor de los derechos de los trabajadores, ha perseguido a Gap durante casi una década. En mayo, la compañía publicó su primer Informe de Responsabilidad Social, lo que brindó una importante ventana de cuán lejos ha llegado ese movimiento, y subrayando los retos que siguen enfrentando los trabajadores de la rama de confecciones en una industria en la que “seguir siendo competitivo” alimenta una búsqueda de una producción cada vez más barata.
El informe de 40 páginas de Gap intenta enfrentar claramente el tema de los talleres de sudor. El documento, resultado de una colaboración con varias organizaciones de “inversión social” y de responsabilidad corporativa, como el Grupo Calvert y el Centro Interfé acerca de la Responsabilidad Corporativa (ICCR), brinda datos acerca de las condiciones en 3,010 talleres en más de 50 países donde se hacen las confecciones de la compañía. “Pocos talleres, y quizás ninguno, cumplen todo el tiempo” con el código de conducta de Gap, declara el informe.
El informe ha obtenido para Gap genuinas felicitaciones, aunque mesuradas, de una variedad de importantes organizaciones que están en contra de los talleres de sudor. “Hemos tenido nuestras diferencias con Gap en el pasado, y puede que las tengamos en el futuro”, dice Bruce Raynor, presidente de UNITE, el sindicato de los trabajadores textileros y de confecciones. Pero él cita el informe como un paso para “crear un cambio positivo para los trabajadores”.
Nikki Bas, director ejecutivo de Sweatshop Watch (Vigilancia de Talleres de Sudor), explica que es “bastante sorprendente que ellos estén mostrando no sólo lo que están haciendo para monitorear, sino también lo que están descubriendo”. Muchos de estos descubrimientos corroboran la imagen que los activistas presentan de una industria que a menudo no respeta los derechos básicos.
Como blanco frecuente de campañas corporativas en los últimos diez años, el nombre de Gap ha estado estrechamente vinculado con el crecimiento del movimiento en contra de los talleres de sudor. “Ninguna compañía ha creado estos problemas”, señala con justicia Alan Marks, vocero de Gap. Pero la enérgica política de marcas por Gap para sus productos como representación de un estilo joven y de moda la han hecho vulnerable ante los activistas que cuestionan la realidad económica detrás de la imagen de marca.
Una campaña en 1995 del Comité Nacional Obrero en contra de la persecución a los sindicatos por parte de un contratista salvadoreño de Gap llamado Mandarin International, estuvo entre los primeros grandes esfuerzos por ilustrar la conexión de los consumidores con las trampas de la globalización corporativa por medio de las etiquetas de ropa. Como resultado, activistas laborales fueron contratados de nuevo y se creó una organización independiente de monitoreo.
En un importante caso de reclamación judicial en 1999, Gap fue uno de los 18 fabricantes acusados de abusos de los derechos humanos en el territorio norteamericano de Saipán. Después de varios años de litigio, la compañía llegó a un acuerdo que creó un fondo de $20 millones de dólares para compensar a los trabajadores y establecer un sistema independiente de monitoreo para la isla.
En 2002, UNITE y la Red de Solidaridad de Maquila (MSN) llamaron la atención sobre fábricas en Tailandia y en el país africano de Lesotho, donde líderes sindicales eran perseguidos por denunciar las condiciones laborales. Estas campañas provocaron intervenciones positivas por parte de la compañía.
Así que, ¿el nuevo informe significa el fin de los talleres de sudor de Gap? “El aspecto más valioso del informe es su honestidad”, dice Bob Jeffcot, de la MSN. Según el informe, entre 25 y 50 por ciento de los suministradores de la compañía en Centroamérica y el Caribe fueron citados por pagar salarios por debajo del nivel mínimo. Los monitores descubrieron la misma cifra de talleres en África Subsahariana y en el subcontinente indio que exigían semanas laborales de más de 60 horas. Como sugerencia de problemas aún mayores en la industria en general, Gap informa que 90 por ciento de los talleres que examina para darles trabajo no pasan la inspección inicial de sus monitores y tienen que mejorarse para que cumplan la norma.
Al describir sus esfuerzos para remediar estos problemas, Gap menciona a sus 90 inspectores de tiempo completo que siguen las mejoras. El informe presenta un sistema de clasificación para medir los niveles de abuso o cumplimiento a través del tiempo.
Sin embargo, los críticos señalan que actualmente Gao no brinda información acerca de talleres específicos en su cadena de suministro. Este nivel de transparencia fue logrado por activistas estudiantes que establecieron el Consorcio de Derecho de los Trabajadores, una organización que monitorea la producción de confecciones para más de 100 universidades norteamericanas. El vocero de Gap, Alan Marks, dice que la compañía considera que los nombres y direcciones de los suministradores es información “de su propiedad y competitiva”, una aseveración que las compañías usan desde hace tiempo para evitar el monitoreo externo.
Un segundo problema es que sólo una pequeña fracción de los talleres de confecciones tiene sindicatos independientes. Gap admite que, a diferencia del trabajo de menores o las violaciones de la seguridad laboral, no ha sido capaz de descubrir eficientemente las represalias contra trabajadores que tratan de organizarse.
Charlie Kernaghan del NLC considera que negar el derecho a organizarse es el meollo del problema de los talleres de sudor. “En las economías que pagan salarios de pobreza, si la gente no tiene derechos ni poder, lo que uno termina por monitorear son prisiones bien dirigidas”, dice. “Claro que las fábricas estarán limpias. Y tendrán baños con agua corriente. Pero cuando se trata de los salarios, cuando se trata de tener una voz democrática en el taller, el monitoreo y los códigos de conducta son un callejón sin salida”.
Mientras que unos señalan que las campañas de sindicalización a nivel de taller son la respuesta apropiada a esta crisis, otros citan la necesidad de una presión en toda la industria. Las estrategias industriales serán especialmente urgentes a partir de la eliminación del Acuerdo Multi-Fibra (MFA). Un acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) a mediados de la década del 90 determinó que el MFA, un antiguo sistema de cuotas que protege a la producción textil de muchos países pobres, desaparecerá el 1 de enero de 2005.
Ginny Coughlin, coordinadora de UNITE para las campañas contra los talleres de sudor, pronostica que esto causará graves trastornos y hará que empeoren las condiciones en la industria: “Un millón de trabajadores de Bangla Desh perderán sus empleos. Cien mil trabajadores en Camboya y Tailandia. Un millón en Indonesia. Cientos de miles en México y Centroamérica. Multiplicará seriamente la pobreza en esos países”.
Por el contrario, se espera que China gane la competencia incluso con sus rivales de bajos salarios. “La mayoría de las marcas de confecciones y minoristas hacen negocios allí para permanecer competitivos”, declara el informe de Gap, y señala que el país “no reconoce los derechos de los trabajadores a asociarse libremente fuera de las organizaciones aprobadas por el gobierno”.
Aunque China ya es el mayor suministrador, Gap dice que “no tiene planes en este momento de marcharse de Centroamérica o cualquier otra región basada en la terminación de las cuotas”.
El enfrentamiento a los retos que implica el fin del MFA demandará una nueva ola organizativa, tanto en EE.UU. como en el exterior. “Estamos presionando a compañías para que comprendan cómo sus modelos de negocios afectan a las normas”, dice David Schilling, del ICCR. Otros activistas están explorando formas de priorizar a los contratistas con historial demostrado de respeto a los derechos de los trabajadores.
Los activistas tendrán que enfrentarse a minoristas intransigentes como Wal-Mart, un líder en el cambio de negocios hacia China. “Aún estamos haciendo negocios con muchas compañías que ni siquiera admiten que el problema existe, dice Jeffcott. “Ellos están donde estaba Gap hace diez años”.
”Las compañías no estarían haciendo nada si no fuera por la presión que sintieron y que siguen sintiendo”, dice Kernighan. “El progreso de que somos testigo es un testamento a todos esos estudiantes de secundaria, gente religiosa, sindicalistas que se enfrentaron a Gap allá por 1995”.
