Debido a sus status actual como icono nacional, es fácil olvidar que el gobierno una vez vigiló a Martin Luther King, Jr. como si fuera un delincuente En los años 60 el FBI colocó micrófonos en la casa del líder de los derechos humanos, en su oficina, en habitaciones de hotel y en los teléfonos de sus asociados más cercanos. El expediente de King en la sede del Buró contenía miles y miles de páginas, aumentado por despachos de agentes de terreno situados prácticamente en cualquier lugar donde él se encontrara.
Según la opinión del ex director del FBI J. Edgar Hoover, King era un hombre peligroso, “un instrumento en manos de fuerzas subversivas que buscan minar nuestra nación”. Hoover no era el único con estas opiniones. Muchos poderosos individuos de la época, que estaban decididos a mantener el status quo, consideraron que la visión de King de justicia racial y económica era una gran amenaza.
Más que espiarlo, el gobierno intentaba activamente sabotear la labor de King, llegando incluso hasta tratar de persuadirlo de que se suicidara.
Es cosa sabida entre sus biógrafos y ex asociados que King a menudo fue infiel a su esposa durante sus viajes. El FBI trató de manipular estas fallas personales en pro de su torcida agenda política. Al menos en una ocasión el gobierno envió anónimamente a la Conferencia Sureña de Liderazgo Cristiano (SCLC – siglas en ingles) las grabaciones de audio de su vigilancia que demostraban el comportamiento privado poco respetable de King.
Como escribió David Garrow en su libro Bearing the Cross (La carga de la cruz), que ganó el Premio Pulitzer, un paquete “también contenía una carta anónima y amenazante”, que más tarde se descubrió fue obra del Subdirector del FBI William C. Sullivan.
“KING… Eres un fraude total y una vergüenza para nosotros los negros”, decía la carta falsificada. “Has resultado ser no un líder, sino un imbécil moral, disoluto, anormal… Estás fracasado”.
La carta amenazaba con hacer públicas las cintas de audio, luego declaraba: “King, sólo te queda una cosa por hacer. Sabes lo que es. Es tu única salida. Mejor lo haces antes de que tu verdadero yo, sucio, anormal y fraudulento sea presentado a la nación”.
Por supuesto, Martin Luther King, Jr., no se suicidó. Pero la intimidación funcionó en otros sentidos. Según Garrow, las amenazas del FBI provocaron en King “graves tensiones emocionales y le causaron una profunda depresión”.
No tenemos manera de saber cuánto hubiera ganado nuestro país si a King, junto a los otros activistas por los derechos civiles y contra la Guerra de Viet Nam perseguidos por el programa de contrainteligencia del FBI, se les hubiera concedido una total libertad democrática. Pero podemos aprender de los crímenes de COINTELPRO, como se llamaba el nefasto programa, y actuar para garantizar que al gobierno nunca se le permita espiar a las personas simplemente a causa de sus opiniones políticas.
Después de que un Comité Senatorial Selecto publicará sus descubrimientos acerca de COINTELPRO en los años 70, el Fiscal General Edward Levi introdujo nuevas orientaciones para el comportamiento del FBI y el Congreso aprobó la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera. Cada paso estaba destinado a proteger los derechos de los sujetos bajo investigación. Como descubrieron los organizadores políticos de décadas sucesivas, estas acciones no pudieron evitar la infiltración ilegal policíaca. No obstante, las medidas enviaron un importante mensaje acerca de la vigilancia necesaria para proteger las libertades civiles en una sociedad abierta.
En la actualidad, las mismas protecciones que fueron promulgadas después de descubrirse los delitos contra King y otros activistas por los derechos civiles están siendo atacadas por la administración Bush.
El 23 de noviembre de 2003, unos periodistas revelaron un memo interno del FBI que demostraba que la agencia ha monitoreado estrechamente a las organizaciones antiguerra que se manifestaron en contra de la beligerante política exterior de la administración Bush. El FBI, que previamente había negado las acusaciones, las admitió, pero argumentó que limita la vigilancia a elementos criminales. Pero el documento muestra que el gobierno vigila incluso actividades enteramente legales, como la búsqueda de fondos por Internet y la filmación de detenciones durante manifestaciones a fin de documentar los abusos policiales.
En mayo de 2002, el Fiscal General John Ashcroft anunció nuevas orientaciones para el FBI que, con ayuda de la Ley Patriota, permiten a la agencia que agentes encubiertos se infiltren entre feligreses de una iglesia y en organizaciones políticas, incluso sin tener evidencia de una actividad delincuencial. Julian Bond, un prominente activista de los derechos civiles en los años 60 y actual presidente de la NAACP (Asociación Nacional para el Avance del Pueblo de Color), recientemente comentó que actualmente vivimos en la era de “J. Edgar Ashcroft”.
En la era posterior al 11/9, con razón los norteamericanos están preocupados por su seguridad, y están dispuestos a confiar dentro de ciertos límites en los funcionarios encargados de la ley y el orden para mantener seguro el país. Pero cuando la administración Bush vigila a los disidentes políticos, está violando esa confianza y pone en peligro nuestras libertades fundamentales.
El Fiscal General Ashcroft tendrá sus defensores que no ven problema en que el gobierno ponga en la mira a unos cuantos radicales peligrosos. Esos apologistas sólo tienen que mirar a Martin Luther King, Jr.
