Para los activistas que se dedican a la lucha aparentemente imposible contra los intereses multinacionales del petróleo, la escena puede parecer irreal. En mayo del 2002, el recién electo presidente de Costa Rica Abel Pacheco se paró en la plataforma para su discurso de toma de posesión y declaró que su país “no sería un enclave del petróleo ni de la minería a cielo abierto”. Pachecho prometió que bajo las nuevas protecciones constitucionales, tal extracción estaría prohibida. “El verdadero combustible y el oro verdadero del futuro”, dijo, “serán el agua y el oxígeno, nuestros terrenos acuíferos y nuestros bosques”.
La declaración significó un duro golpe para Harken Energy, una compañía de Texas que tiene estrechos vínculos con el Presidente de EEUU George W. Bush. La compañía había puesto sus miras precisamente en el tipo de explotación de recurso que sería prohibido y sin duda había esperado el tipo de servidumbre gubernamental que ha permitido que la explotación de recursos naturales en Latinoamérica se haya realizado prácticamente sin control desde los primeros días del colonialismo.
Pero aunque la oposición del Presidente Pacheco era quizás el signo de derrota más evidente para las multinacionales, era sólo una de muchas.
Por más de tres años una coalición de defensores del medio ambiente, grupos comunitarios, sindicatos y organizaciones de derechos de los indios habían batallado para terminar con las extracciones. Además de hacer de la exploración minera y petrolera un delicado tema de campaña – reforzando la decisión ambientalista del presidente – llevaron su batalla a los tribunales, atrajeron el apoyo internacional y organizaron la oposición interna a fin de derrotar los planes de Harken. En el proceso, aseguraron una extraordinaria serie de victorias que hicieron dar marcha atrás al destino del país hacia la explotación insostenible de sus recursos.
Hablando más alto que los megáfonos de las corporaciones
Durante gran parte de su historia, Costa Rica ha sido una excepción entre sus vecinos centroamericanos. La falta de recursos minerales, las débiles instituciones coloniales y el cultivo temprano del café permitieron que se formaran bases democráticas estables. En 1949 un presidente que recientemente se había enfrentado a un golpe militar dio el extraordinario paso de eliminar las fuerzas armadas de Costa Rica. Las tradiciones de paz y democracia social aislaron al país en los 70 y los 80, mientras el resto de la región se veía empantanada y la CIA trabajaba activamente.
Durante ese tiempo Costa Rica desarrolló su próspera industria turística que es ahora la columna vertebral del país. El orgullo nacional en la extraordinaria biodiversidad del país, sus largas playas y sistemas de parques – unido a una limitada reserva de riquezas subterráneas que explotar – prepararon el terreno para una actitud oficial en contra de las industrias extractivas de recursos.
Pero no siempre el gobierno estuvo en contra de la explotación minera y petrolífera. Costa Rica, como casi todas las naciones latinoamericanas durante los 90, sintieron la presión de una economía enlentecida, desempleo creciente y pobreza. Muchos acudieron a la economía neoliberal en busca de soluciones. El país comenzó a explorar nuevas vías para atraer la inversión extranjera. A pesar de su histórica política a favor del medio ambiente, aprobó en 1994 una ley que dividía al país en bloques para la exploración petrolera.
Cuando Miguel Ángel Rodríguez, un economista y hombre de negocios, se convirtió en presidente en 1998, negoció una concesión de 10 de los 22 bloques a compañías norteamericanas y canadienses. MKJ Explorations, de Louisiana, compró intereses en la costa caribeña y pronto se asoció a Harken Energy para comenzar la exploración. Isaac Rojas, miembro de la junta de Comunidades Ecológicas La Ceiba, un afiliado costarricense de amigos de la Tierra, dice que el Ministerio de Medio Ambiente bajo el gobierno de Rodríguez “retrasó el avance del país en materia de medio ambiente unos treinta años”.
El lugar que el grupo Harken-MKJ seleccionó para sus actividades fue la región Talamaca en sudeste de Costa Rica –un área prístina que descansa entre varias áreas vírgenes protegidas. Entre los que vivían en el área hubo una comprensión inmediata de que las plataformas de perforación podrían amenazar la fauna marina, incluyendo a las tortugas marinas, una especie en peligro de extinción. Los habitantes se escandalizaron porque no se les había consultado para el negocio. “Vimos un anuncio en el periódico nacional diciendo que el gobierno había aprobado concesiones para la exploración de petróleo”, dice Enrique Joseph, un guía de turismo y trabajador de restaurante de 38 años que creció en la zona. “En un plazo de dos o tres días dimos la alerta roja”.
Docenas de grupos – desde organizaciones de agricultores y el sindicato de pescadores hasta dueños de pequeños negocios, grupos religiosos y biólogos marinos- se unieron en los meses siguientes para formar Acción de Lucha Anti-Petrolera (ADELA). En diciembre de 1999 se reunieron unas 250 personas y redactaron una declaración en oposición a las concesiones y declarando una moratoria en Talamanca.
La declaración obtuvo la atención del país y la estrategia legal dio resultados. En septiembre del 2000 el Tribunal Supremo anuló las concesiones petroleras debido a que las comunidades indígenas no fueron consultadas debidamente.
Pero dos meses más tarde, después de que Harken-MKJ apeló la decisión, el Tribunal permitió que los intereses petroleros continuaran sus actividades en los bloques marinos donde no existían comunidades indígenas. Los ejecutivos de las corporaciones quedaron complacidos con el resultado, porque sus objetivos principales de exploración se encontraban en el mar, cerca de Puerto Moin. Como había explicado meses antes el vice presidente de Harken, Stephen Voss, “El prospecto de Moin es la mayor estructura que la compañía haya probado, y brinda a los accionistas de Harken grandes posibilidades de que se descubran reservas significativas”.
Desafortunadamente, los prospectos del proyecto en cuanto a la sostenibilidad no eran tan promisorios como las ganancias que esperaban. ADELA se dedicó a extender su mensaje que, como dice Rojas, “la gente de la localidad había expresado su firme oposición a la actividad extractiva. Dijeron que eso no se podía hacer”.
Su organización enfrentó varias dificultades. Primero, sus fondos eran insuficientes. “Descubrimos que las charlas que dábamos por radio no eran muy eficaces, porque las compañías petroleras compraban la mayor parte del espacio disponible”, explica Joseph. “O si íbamos en un camión con un megáfono, luego veíamos que la compañía alquilaba tres vehículos y hacía lo mismo”.
Los activistas se quejaron del “compadrazgo” que parecía existir entre los ejecutivos y los funcionarios del gobierno. Y vieron que algunas comunidades, particularmente en la ciudad de Limón, venían a defender el beneficio económico de la exploración de recursos. “Las compañías prometían nubes de oro”, dice Rojas de su experiencia con proyectos de extracción, “y algunas personas les creían”.
“Ver a nuestros hermanos de Limón en contra nuestra, debido a sus falsas expectativas”, agrega Joseph, “fue la parte más dura de la campaña”.
En enero de l 2001, grupos como el Consejo de Defensa de Recursos Naturales (NRDC) y Alianza Legal Medio Ambiental en Todo el Mundo (E-LAW) comenzaron a ayudar a la organización local con apoyo financiero, investigación, recursos legales y promoción internacional. En lo que Jacob Scherr, director del Programa Internacional de NRDC, describe como “probablemente uno de los más grandes diluvios de correo que ellos hayan visto”, los que apoyaban la campaña enviaron a las compañías petroleras y al gobierno costarricense unos 27 000 correos electrónicos, faxes y cartas de protesta.
Ese mismo año la campaña de ADELA para aumentar la conciencia del público hizo que el apoyo a la exploración petrolera se convirtiera en un riesgo político. El Presidente Rodríguez quería continuar con las concesiones, pero disminuyó su entusiasmo cuando pareció que su posición podría dañar a su partido en las elecciones. El candidato Abel Pacheco adoptó una posición clara en cuanto al asunto; ya como miembro de la Asamblea Legislativa había redactado una propuesta para derogar la ley de hidrocarburos.
Según Enrique Joseph, las cosas se movieron en Talamaca en una reunión entre ADELA y ejecutivos de Harken. “La gente se sentía ofendida al ver cómo los ejecutivos petroleros llegaban y actuaban groseramente con los residentes, que eran muy respetados. Muchas personas comenzaron a dudar de las ‘promesas’ de las compañías”.
La victoria llegó poco después. En febrero de 2002 el secretariado técnico nacional, SETENTA, rechazó los planes de Harken-MKJ para la perforación marina. Varios meses después el Ministerio de Medio Ambiente rechazó una apelación de las compañías petroleras. Su decisión señalaba más de 50 razones de por qué la declaración del impacto ambiental del proyecto era insuficiente –una lista que repetía la meticulosa documentación presentada por ADELA y sus aliados internacionales.
Al tomar posesión de su cargo de presidente, Pacheco juró agregar las garantías medioambientales a la Constitución de Costa Rica. Y el 5 de junio firmó un decreto presidencial prohibiendo la minería a cielo abierto.
La lucha no ha terminado
Para los activistas la lucha no ha terminado. Durante el pasado año varios retos han surgido que puede que determinen si las prohibiciones de Costa Rica permanezcan intactas como emblema del excepcionalismo del país, y si pudiera convertirse en un modelo de resistencia en otras partes.
Según el National Law Journal, Harken no solo está reclamando millones de dólares en compensación por el dinero que invirtió en la exploración, sino que está tratando de usar disposiciones de un tratado bilateral de inversiones para cobrarle a Costa Rica $57 mil millones por ganancias perdidas y que tenía proyectadas. Aunque el Departamento de Estado lo niega, ADELA cree que el gobierno de EEUU ha cabildeado a favor de las compañías petroleras y que está presionando a Costa Rica para que suavice sus prohibiciones acerca de la extracción de recursos. “Fuentes en Costa Rica nos han dicho que la embajada de EEUU aquí ha estado presionando al nuevo gobierno de Pacheco para que abra sus costas a las compañías petroleras norteamericanas”, dijo Scherr en el NRDC.
Una preocupación mayor para los activistas es que los tratados que se están negociando, como el Acuerdo de Libre Comercio Centroamericano (ALCC), puedan poner en peligro las protecciones de Costa Rica. Aunque el gobierno de Pacheco ha defendido los derechos medioambientales, también ha desarrollado con entusiasmo una agenda neoliberal de “libre comercio”.
En América del Norte, el Capítulo 11 del TLCAN ha permitido que las compañías demanden judicialmente a los gobiernos cuyas leyes medioambientales interfieran con su negocio. El reto para Costa Rica es cuidarse de situaciones similares.
A mediados de junio ADELA llegó a un acuerdo con el gobierno en relación con la derogación de la ley de hidrocarburos. Los activistas acordaron mantener partes de la ley que permiten al Ministerio de Medio Ambiente regular a las refinerías de petróleo. El acuerdo insiste en que una comisión gubernamental continuará revisando los acuerdos comerciales para garantizar que ninguna disposición invalide las leyes ambientalistas nacionales.
Pero las reclamaciones judiciales ya han comenzado a afectar la batalla por la prohibición de la actividad minera. El decreto del Presidente tiene que ver solo con futuros proyectos mineros. Permite a las compañías que ya habían recibido concesiones antes de la prohibición a continuar sus actividades. La Cámara Constitucional decidió en octubre de 2002 que Vanessa Ventures, una firma minera canadiense, quedara exenta de la prohibición sobre esa base. Un tribunal falló en contra del Ministerio de Medio Ambiente por retrasar la aprobación del proyecto Las Crucitas de Vanessa. La compañía está amenazando con una reclamación judicial por $200 millones bajo el Acuerdo de Promoción y Protección de Inversiones Extranjeras si las operaciones mineras no comienzan pronto.
Aunque puede ser imposible detener la concesión existente, los costarricenses se han dedicado a fortalecer las futuras protecciones. “Necesitamos convertir en ley el decreto presidencial, ya que el decreto puede ser modificado o derogado; no es permanente”, argumenta Rojas.
El Presidente Pacheco envió su Proyecto de Derechos Ambientalistas a la legislatura en septiembre del 2002, y los políticos actualmente están negociando el texto de la legislación. Los sucesos en la escena internacional son también promisorios. “Siempre deseé que nuestro país no fuera una excepción”, dice Joseph, “que la gente lo viera como un modelo de lo que puede hacerse”. En varios países ya eso ha sucedido.
En Ecuador, activistas del medio ambiente han intentado replicar el ejemplo costarricense. En junio le presentaron al nuevo gobierno de Lucio Gutiérrez una propuesta de prohibición de la expansión de la frontera petrolera. Pero garantizar una prohibición en Ecuador es una tarea difícil. La explotación petrolera, que comenzó en Ecuador hace 30 años, ha contaminado no sólo al medio ambiente, sino también la política del país. Como explicó en una entrevista Ferry Kart, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Stanford, a la Red Ambientalista de Noticias “Una vez que la explotación petrolera comienza, se obtiene lo que yo llamo la petrolización de la política, y en donde esto haya ocurrido, nunca se obtendrá una situación como la de Costa Rica”.
En Nicaragua la situación es más esperanzadora. Recientemente el gobierno nicaragüense otorgó licencias de exploración a varias compañías norteamericanas, entre ellas a MKJ Xplorations. En mayo activistas nicaragüenses en la red Oilwatch hicieron un llamado a su gobierno para que instituyera una moratoria a las concesiones petroleras.
Aunque nuevas campañas presentan retos propios, los activistas costarricenses pueden sentirse satisfechos de lo que han logrado. “Esta es una victoria parcial, un paso hacia el logro de un cambio más profundo”, dice Isaac Rojas. “Por supuesto, nos da cierta alegría. Demuestra que teníamos razón”.
Enrique Joseph está de acuerdo. “Desde el principio”, dice, “sentí que nos iba a ir bien en esta batalla. Las compañías no estaban dispuestas a debatir con nosotros, pero nuestros argumentos eran fuertes. Los latinoamericanos han soportado mucho sufrimiento. Al menos esto es una garantía de que, a mi edad, puedo continuar viviendo en un lugar hermoso. Quiero que mis hijos y sus hijos corran en las playas y vean que aún están allí los árboles”.
