Dado el estado de nuestra economía, uno supondría que un proyecto de ley de reautorización de la asistencia social ofreciera asistencia de emergencia a los pobres y ayuda a los que están atrapados en la fuerza de trabajo de bajos salarios. En su lugar, el llamado proyecto de ley Responsabilidad Personal y Desarrollo Individual para Todos (PRIDE) que acaba de salir del Comité Senatorial de Finanzas, al igual que el proyecto más extremo aprobado en la Cámara de Representantes, demuestra que los legisladores se olvidan intencionalmente de los retos a que se enfrenta la reforma de la asistencia social.
¿No se encuentra trabajo en nuestra economía? Aumentemos los requisitos de trabajo para los receptores de asistencia social. ¿No hay dinero en el presupuesto para servicios sociales? Lancemos un nuevo programa de mil millones de dólares para engañar a las mujeres. ¿Hace falta entrenamiento laboral? Reduzcamos el tiempo que los receptores pueden dedicar a alfabetizarse o a la educación vocacional.
Las disposiciones de la legislación PRIDE no son sólo malas como propuestas individuales, sino que reflejan una visión punitiva de la reforma de la asistencia social que nunca ataca la raíz de la pobreza persistente en Estados Unidos.
Uno de los cambios más significativos que ofrece el proyecto PRIDE es el incremento del número de horas que los receptores de asistencia social deben trabajar a fin de recibir la asistencia. Aunque la ley actual solo exige 30 horas a la semana, la nueva legislación del Senado requeriría 34 horas cada semana y la versión de la Cámara requeriría 37.
Ignoremos por un momento que aumentar los requerimientos de trabajo en la economía de Bush, en la que se han perdido unos 3 millones de puestos de trabajo en el sector privado desde marzo de 2001, tiene tanto sentido como meter en la mochila otro abrigo para su paseo de la tarde por el desierto. Incluso desde una perspectiva conservadora, la propuesta socava lo que los promotores señalan como un supuesto éxito clave de la reforma de la asistencia social: permitir a los estados individuales descubrir por sí mismos lo que funciona. En efecto, PRIDE obligaría a los estados a subsidiar programas cuestionables de trabajo, en vez de dedicar dinero al entrenamiento laboral y otros servicios necesarios.
Un segundo problema surge de la visión de PRIDE de lo que significa “trabajo”. No hay duda de que el proyecto de ley del Senado es mejor que la legislación de la Cámara de Representantes, el cual prohíbe que los receptores reciban créditos de horas de trabajo por educación o por buscar trabajo. No obstante, el proyecto crea un límite de seis meses al crédito por tratamiento por abuso de sustancias y alfabetización. Y ambos proyectos rechazan el cuidado de los propios hijos como trabajo. Incluso a las madres solteras con hijos menores de seis años, quienes actualmente deben trabajar 20 horas para recibir beneficios, tendrán que cumplir con una norma de 24 horas a la semana (o las 34 horas completas si los líderes de la Cámara se salen con la suya). No obstante, la legislatura final solo incluirá incrementos sustanciales de financiamiento si los senadores desafectos tienen éxito en agregar dinero por medio de enmiendas.
La crianza de los hijos puede que no sea parte de la definición republicana de los valores familiares, pero casarse sí. Una segunda importante disposición de la legislación PRIDE propone gastar mil millones de dólares durante cinco años para promover el matrimonio. Es cierto que a todo el mundo le gusta una buena boda. Pero eso no significa que un gobierno carente de dinero deba dedicarse a presionar a las mujeres pobres acerca de su estado civil.
Los libertarios se quejan de la propuesta porque dicen que es un ejemplo atemorizante de la injerencia del gran gobierno en nuestra vida privada. Lo importante puede que sea que al actuar como casamenteros paternalistas los senadores no tienen la menor idea de cómo es la vida de las madres que reciben asistencia social. La Coalición Nacional contra la Violencia Doméstica cita investigaciones que indican que las dos terceras partes de las mujeres que reciben asistencia social han sido agredidas por su pareja en algún momento de su vida. Muchas otras han abandonado al esposo o al novio que es padre de su hijo.
En vez de promover el auto-respeto y la auto-suficiencia, el proyecto PRIDE se arriesga a promover malos matrimonios. La administración Bush, al eliminar cualquier duda acerca de la ideología anti-femininista detrás de su propuesta pro-matrimonio, se ha opuesto a ampliar el alcance del mandato de financiamiento para incluir objetivos como evitar el embarazo adolescente.
La condescendencia aparente en las disposiciones de PRIDE es parte de un problema de actitud mucho mayor que prevalece en la actual era de “reforma de la asistencia social”. Esta disposición trata a los pobres en sí, en vez de a la pobreza, como el problema. En su influyente libro de 1962 El otro Estados Unidos, el crítico social Michael Harrington utilizó la idea de “cultura de la pobreza” para describir cómo las barreras erigidas contra los pobres se refuerzan unas a otras. Mientras que los salarios bajos impiden que una persona obtenga seguro de salud, la falta de buenos cuidados médicos a menudo dificultan mantener el trabajo. Los más necesitados de viviendas baratas son explotados en apartamentos por debajo de la norma. Si usted tiene niños pequeños o si un familiar dependiente se enferma, múltiples generaciones pueden ser condenadas a la pobreza.
Estas mismas complicaciones existen hoy, recientemente descritas con humorismo auto-disculpante en el éxito del libro Nickel and Dimed de Barbara Ehrenreich, en la que la autora trata de sobrevivir con un salario casi mínimo. Sin embargo, la invocación de la “cultura de la pobreza” ha llegado a significar otra cosa totalmente distinta para la mayoría de la gente. En las últimas décadas los sabios conservadores han perpetuado el estereotipo de la holgazana y calculadora “reina de la asistencia social”, (como sugirieron escritores como Charles Murria), la cual no pierde oportunidad de depender de la asistencia social.
Siguiendo esta visión, la actual reforma de la asistencia habla mucho acerca de promover la “responsabilidad social” y disminuir la carga de casos, pero no adopta la misión de reducir la necesidad y la miseria. Por lo tanto, la “Guerra a la Pobreza” se ha metamorfoseado en lo que los activistas llaman la “Guerra a los Pobres”.
Durante la pasada semana los legisladores se dedicaron a extender el actual programa TANF hasta el próximo marzo y pospusieron hasta seis meses el debate final acerca del proyecto de reautorización. Esto crea una oportunidad crucial para que los promotores logren los cambios inmediatos que se necesitan para rediseñar la legislación de asistencia social del Senado. Esto incluye el financiamiento real para cuidado de menores y entrenamiento laboral; la restauración de beneficios para los inmigrantes legales; las exenciones de trabajo y límites de tiempo para aquellos que sufren de violencia doméstica y otras barreras graves al empleo; y las disposiciones para evaluar el trabajo de cuidado de menores y familiares dependientes, generalmente realizado por mujeres.
Pero en última instancia la reforma de la asistencia social debe incluir un impulso renovado para enfrentar las fuerzas estructurales que atrapan al pobre en condiciones de desesperanza. Esto significa crear un sistema universal de cuidado de salud, revivir la olvidada misión de construir viviendas baratas, garantizar que los trabajos paguen salarios decorosos, y asegurar que los trabajadores puedan ejercer su derecho a formar un sindicato.
En ausencia de estos compromisos – y en medio de una economía estancada en EE.UU. – se pueden llevar las propuestas de PRIDE al extreme y defender la idea de un retorno a la semana laboral de 60 horas o invitar a John Ashcroft para que obligue a casarse a punta de escopeta a las madres solteras. Pero no cambiará el hecho de que uno de cada seis de nuestros niños viven en la pobreza. Y en el país más rico del mundo, eso significa una vergüenza nacional.
