El Departamento de Justicia fue resuelto: “No pedimos disculpas”, dijeron los funcionarios acerca de su prosecución de seguridad interna. Y aunque algunos pueden considerar que esta actitud de autoridades policiales es tranquilizadora, la publicación de un informe crítico del propio inspector general del Departamento no fue una ocasión en que la intransigencia haya hecho sentirse seguro a alguien.
A fines de mayo una revisión interna del Departamento de Justicia confirmó lo que los críticos venían diciendo hace tiempo acerca de preocupantes violaciones de las libertades civiles y del debido proceso a partir del 11/9. El informe mencionaba que 762 no ciudadanos que fueron arrestados después de los ataques habían sido puestos en celdas cuyas luces nunca se apagaban y mantenidos en confinamiento solitario durante 23 horas al día. Antes de trasladarlos les pusieron esposas y grilletes. Y los guardias los estrellaban contra la pared antes de grabar en vídeo sus declaraciones.
El informe mostraba que cuando los detenidos iban a contactar a sus abogados los guardias les daban números telefónicos equivocados o interferían sus llamadas. Y que las autoridades mintieron a los que estaban fuera también: cuando los familiares preguntaban por los detenidos en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, Nueva York, les decían constantemente que la persona no estaba en esa instalación.
Finalmente, ninguno de los hombres musulmanes que fueron detenidos en la razzia post 11/9 fue acusado de delitos relacionados con el terrorismo. (Zacarias Moussaoui, el único individuo que tiene acusaciones importantes, estaba detenido desde antes de los ataques.) Muchos ni siquiera eran sospechosos de esos crímenes; aunque no se enteraron de qué se les acusaba hasta semanas después, fueron detenidos sólo por violaciones migratorias de poca importancia. Los denominadores comunes entre ellos fueron la raza y la religión.
Las acusaciones de maltrato a manos de las autoridades federales no son nuevas. Familiares y organizaciones comunitarias han estado trabajando para dar a conocer la difícil situación de los detenidos desde su arresto. Sin embargo, el informe interno no solo confirma las acusaciones de estos activistas, sino que señala una tendencia mayor: en la era de la “seguridad interna”, los derechos de los inmigrantes han sido atacados cada vez más. Y los abusos del gobierno están alimentando la atmósfera de intolerancia.
Como casi todos los detenidos han sido deportados o puestos en libertad, los comentaristas hablaron principalmente en pasado del contenido del informe del inspector general. Muchos, aunque críticamente, parecieron estar de acuerdo con Joseph Billy Jr., el supervisor de contraterrorismo del FBI en la ciudad de Nueva York, quién habló de circunstancias especiales y citó “la índole de la situación después del 11/9”.
Pero una avalancha de noticias desde la publicación del informe a fines de mayo muestra que las acciones del gobierno no reflejan un período anormal de abusos. Por el contrario, son muestra de una actitud oficial que cada vez más considera a los inmigrantes como criminales, en vez de una fuente importante de fuerza y diversidad para nuestro país.
Por su parte, la actitud de indignación del Departamento de Justicia asordina sus votos de implementar reformas basadas en las recomendaciones del inspector general. Como han señalado otros observadores, la Administración ha adoptado una posición desbalanceada. Los subordinados de Ashcroft juran que no han hecho nada malo –y que nunca volverá a suceder.
Mientras tanto, los abogados del Departamento continúan batallando en los tribunales para defender esas prácticas. Desafortunadamente han tenido éxito en legitimar tácticas que destruyen las protecciones brindadas por nuestro sistema legal. El 27 de mayo, el Tribunal Supremo desestimó una reclamación en contra de los procesos secretos de deportación, los cuales están cerrados a familiares, la prensa y el público.
Tres semanas más tarde, el 17 de junio, el Tribunal Circuital de Apelaciones del D.C. aprobó la práctica de arrestos secretos del Departamento de Justicia –mantener a los detenidos en secreto y negarse a dar los nombres y localización de los detenidos. El Juez David S. Tatel no estuvo de acuerdo y calificó a la decisión de “deferencia acrítica a los argumentos vagos y mal explicados del gobierno” para retener información acerca de la situación de los sospechosos, un acto que evita que observadores puedan determinar si la Administración Bush está violando los derechos constitucionales de los detenidos.
El Presidente nos asegura que él no está en guerra con el Islam, y que quiere trabajar con los vecindarios para localizar a los verdaderos terroristas. Pero ha tratado a un gran número de no ciudadanos árabes y sudasiáticos como sospechosos, con lo cual ha avivado la discriminación contra las comunidades de inmigrantes. Desde noviembre pasado el gobierno ha ordenado que los hombres no ciudadanos de 25 naciones se presenten para “inscripciones especiales”. Excepto Corea del Norte, todos son países predominantemente musulmanes. Entre las 82 000 personas que hicieron largas colas para cumplir voluntariamente con la orden de inscribirse –un contingente que no era probable que incluyera a terroristas – cientos fueron esposados y encarcelados por problemas tan triviales como tener unos puntos de menos de los requerimientos para las asignaturas en una visa de estudiante.
Unos 13 000 que se inscribieron recibieron la orden de presentarse a procedimientos judiciales que posiblemente resultaran en su expulsión del país. Las deportaciones y el temor a la discriminación han provocado un éxodo de vecindarios como “Pequeño Pakistán” de Nueva York, en la Avenida Coney Island, donde se han vaciado tiendas y restaurantes.
¿No había terminado oficialmente la Casa Blanca con hacer perfiles raciales? El 17 de junio la Administración Bush anunció con gran fanfarria la prohibición de las discriminatorias prácticas policiales que tanto han atraído la atención en la década pasada. Pero, como señaló la Unión de Libertades Civiles Norteamericanas (ACLU), las orientaciones fueron emitidas por la división de derechos civiles del Departamento de Justicia, la misma oficina que “ha sido muy atacada durante el pasado año por archivar un número de casos abiertos contra municipalidades acusadas de brutalidad policíaca y prácticas racialmente prejuiciadas”. Además, la “prohibición” solamente perpetúa la persecución selectiva cometida en nombre de la seguridad nacional. Altos funcionarios señalan excepciones en las nuevas reglas de investigaciones que impliquen a “terroristas”, y nos aseguran que programas como la Inscripción Especial continuarán.
Musulmanes, árabes y sudasiticos no son los únicos bajo el fuego. En la tercera semana de junio Amnistía Internacional y Médicos por los Derechos Humanos emitieron informes independientes denunciando el tratamiento de los que buscan asilo –aquellos que vienen a nuestro país para escapar a la tortura y a la opresión en el extranjero. Esas investigaciones muestran que las malas condiciones han empeorado durante el pasado año.
Aproximadamente un tercio de todos los niños bajo la custodia de autoridades de inmigración de EE.UU., aunque no están acusados de ningún crimen, están sujetos a ser puestos en grilletes, al abuso verbal, al confinamiento solitario o expuestos a la población de prisioneros adultos.
Finalmente, en la frontera de Arizona con México, una nueva ola de “vigilantismo” ha surgido desde el 11/9. Grupos cada vez mayores patrullan el desierto en ropa de camuflaje y juran que defenderán la seguridad interna por cuenta propia. Organizaciones como la milicia de la Defensa Civil Interna tienen vínculos con los supremacistas blancos, y defensores de los derechos de los inmigrantes sospechan de su participación en el asesinato de mexicanos indocumentados, pero hasta ahora se han librado de un escrutinio serio por parte de las autoridades locales.
En respuesta a estas pandillas, la Casa Blanca ha adoptado una atemorizante posición ambigua. Ari Fleischer respondió a preguntas acerca de las milicias diciendo: “El presidente cree que las leyes deben ser respetadas y que hay que hacer cumplir las leyes”. Como reportó Max Blumenthal en Salon.com, esto “puede querer decir dos cosas. Quizás fue una advertencia a los grupos de milicias de que se mantengan dentro de la ley, o quizás fue un reconocimiento de que las agencias federales han fracasado en la frontera –y una manera cuidadosa de alertar a los ‘vigilantes’”.
Sería bueno tener un Presidente que esté por encima de toda sospecha de apoyar el vigilantismo. Pero en la actualidad no tenemos tanta suerte. A principios de marzo, cuando estaba trabajando para presionar a México para que se alineara junto a EE.UU. en las deliberaciones de la ONU acerca de la guerra de Irak, el Presidente Bush se preocupó (o amenazó) públicamente que el voto de “No” podría provocar represalias en contra de algunos de los 28 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos.
“No espero que vaya a haber un castigo significativo por parte del gobierno”, señaló en una entrevista con el Servicio de Noticias Copley. Pero luego llamó la atención acerca de “la reacción contra los franceses, no fomentada por nadie, excepto el pueblo”, y dijo que si México se oponía a EE.UU. “habrá un cierto sentido de disciplina”.
Como escribió en aquel momento el columnista de The New York Times Paul Krugman: “Estos comentarios prácticamente no se publicaron en los siempre protectores medios de EE.UU., pero crearon un incendio político en México. La Casa Blanca ha estado dando marcha atrás frenéticamente, diciendo que cuando el Sr., Bush habló de ‘disciplina’ no estaba profiriendo una amenaza. Pero en el contexto del resto de la entrevista, está claro que sí la estaba profiriendo”.
Aunque los manipuladores de palabras de la Casa Blanca pudieran asegurar que la posición del Presidente no llega a ser una amenaza, la aparente falta de interés de George W. Bush por la seguridad de los inmigrantes va de la mano de los abusos perpetrados por su Departamento de Justicia. Y en última instancia, es difícil saber qué es peor para el futuro de este país, si el clima de temor y discriminación alimentado en la era de la seguridad interna hace la vida menos segura para millones de personas que viven en este país, o si la administración Bush no pide disculpas.
