En tiempos cuando aumentan los asaltos a los derechos de los que no son ciudadanos, Nueva York tiene una obligación especial de apoyar a los inmigrantes. La ciudad de Nueva York es un lugar único que demuestra como aquellos que llegan a America desde otro países ayudan a construir vibrantes comunidades urbanas.
Por eso la Orden Ejecutiva 34, la cual revisa una antigua política prohibiendo a los empleados oficiales de reportar inmigrantes sin documentos a las autoridades federales, es un desarrollo angustioso. Aunque la nueva orden retiene una predisposición de “no pregunte”, está situada en el lado equivocado de un debate local de como proteger mejor la privacidad de los residentes, y envía una señal errada a la nación.
El gobierno federal está presionando a las municipalidades a través del país a convertir sus empleados en extensiones de la Patrulla de Fronteras. Necesitamos una fuerte protección en la ciudad de Nueva York para aquellos que no son ciudadanos para mostrar como la búsqueda de la seguridad nacional puesto en práctica por Washington–muchas veces llevada a cabo en nombre de la ciudad–ha asumido una carácter miedoso, y animar a las otras ciudades a resistir la persecución federal contra los inmigrantes.
Nueva York ha mostrado liderazgo con sus políticas en el pasado, que comenzaron con el Alcalde Koch in 1989. Aun cuando sentimientos en contra de los inmigrantes arrasaban otras partes de la nación–impulsando la Proposición 187 de California–la ciudad de Nueva York orgullosamente defendió el principio de la confidencialidad.
El Alcalde Giuliani entabló una demanda para defender la posición de la ciudad cuando las pautas del “no decir” fueron invalidadas por una ley federal en 1996. Después de perder en la corte, sus aliados buscaron nuevas formas de reafirmar la política antigua.
La orden de Bloomberg no hace esto. Enfrentando intensas críticas por parte de grupos comunitarios, sindicatos y abogados en las semanas siguientes a la expedición de la orden a fines de Mayo, el alcalde ha sido enfático en decir que nadie debe temer al solicitar servicios públicos, y que los funcionarios de la ciudad no indagarán sobre el estado legal del inmigrante.
Mientras que los empleados de la ciudad por rutina no solicitarán información personal, enfermeras, maestros, y trabajadores sociales pueden conocer el estado legal al proveer servicios. Si el Departamento de Seguridad Doméstica exige información recolectada incidentalmente, o información personal existente, la ciudad bajo la Orden 34 la entregaría.
Es mas, la orden exime por completo de las regulaciones a la policía. Los agentes pueden solicitar el estado legal inmigratorio a testigos aun si los transeúntes no están bajo sospecha de cometer un crimen.
El miembro del Concejo Hiram Monserrate ha buscado cerrar tales escapes. Mandando que una extensa cantidad de información personal sea tratada con confidencialidad, su ley de “Acceso Sin Temor” colocaría limites coactivos sobre la información que los funcionarios de la ciudad puedan dar a las agencias. En vista que la política no señalaría el estado legal de los inmigrantes, esta debe sostenerse en la corte.
La administración Bloomberg ha testificado en contra de esta legislación, evidentemente favoreciendo menos restricciones a la colaboración entre la policía de Nueva York, el FBI, y el Departamento de Seguridad Doméstica.
Pero Monserrate, un ex policía, argumenta con razón que fuertes garantías de privacidad son necesarias para hacer que las comunidades vulnerables se sientan cómodas buscando asistencia de la ciudad y reportando crímenes a la policía–asuntos que están en el interés de todos. Por eso es que está luchando para colocar las políticas de la ciudad de Nueva York dentro de los procedimientos a favor de los inmigrantes como en Seattle y San Francisco.
Tales políticas son vitales para desafiar la presión de la Casa Blanca, la cual se dice ayudó forzar una clarificación de la política de Nueva York. Muchas de las medidas policiales promovidas por la administración Bush desde el 9/11 han sido discriminatorias y han injustamente castigado a los residentes de los Estados Unidos que no son ciudadanos. Un informe interno del Departamento de Justicia emitido la misma semana que la orden de Bloomberg confirma las acusaciones que cientos de personas fueron aprehendidas, encarceladas y negadas un abogado luego del 11 de Septiembre.
Mientras que ninguno de los arrestados fue acusado de crímenes relacionados con el terrorismo, los sospechosos fueron verbalmente abusados y golpeados contra las paredes antes de grabar sus declaraciones en video. Las autoridades le mintieron a los familiares que llegaron al Centro Metropolitano de Detenciones en Brooklyn para averiguar acerca de sus seres queridos, falsamente indicando que los presos no estaban ahí.
La imprudencia exhibida en estos casos otorga mayor razón para que la ciudad salvaguarde la información personal de sus residentes.
Generalmente, desde Noviembre pasado, hombres y muchachos oriundos de países predominantemente Musulmanes han sido obligados a reportarse para registros masivos. Acto que muestra incómodas similitudes con aquellos que sirvieron de preámbulo al encierro de los Japoneses-Americanos durante la Segunda Guerra Mundial. Y a pesar de haber anunciado una prohibición contra los perfiles raciales a mediados de Junio, la administración Bush ha indicado que continuará con los programas de registro especial.
Usando a los inmigrantes como chivos expiatorios no hace nada para promover nuestra seguridad nacional. La erosión de libertades civiles y la discriminación basada en raza o religión pone en peligro la esencia de los valores Americanos.
El Alcalde Bloomberg dice apoyar estas ideas. Pero sus aseveraciones deberían de ser sustentadas apoyando la legislación a favor de la privacidad que está siendo debatida en el Concejo. Y deberían estar acompañadas por críticas de una administración presidencial que muestra poca consideración a los millones de residentes que no son ciudadanos y aportan valiosas contribuciones a nuestra economía y a nuestras comunidades.
