Los que votaron por “el cambio en que se puede creer” en 2008 han encontrado muchas razones para sentirse desilusionados con la nueva Casa Blanca desde que Obama tomó posesión. Pero también hay algunos hechos brillantes en el primer año de la administración—medidas positivas que ilustran la diferencia que puede significar una administración de intenciones progresistas cuando se enfrenta a los intereses corporativos y no tiene yemor a actuar en bien del pueblo. Algo que vale la pena reconocer en el momento en que la administración comienza su segundo año es la labor del Departamento del Trabajo bajo la dirección de Hilda Solís.
Desde el principio la nombrada por Obama para ese cargo fue digna de elogio. Solís se crió en un suburbio predominantemente latino de Los ángeles, hija de padres inmigrantes, ambos de los cuales eran sindicalizados. Fue la primera de la familia en graduarse de la universidad. En 1949, después de una década como servidora pública, se convirtió en la primera latina en ser elegida al senado estatal de California. Allí ayudó a derrotar una propuesta anti-sindical y encabezó el esfuerzo por aumentar el salario mínimo en el estado.
El ascenso de Solís a la Cámara de Representantes de EE.UU. en 2000 fue el resultado de sus vínculos con vibrantes movimientos progresistas que han rediseñado el paisaje político de Los ángeles. En la década de 1990, la Federación del Trabajo del condado de Los ángeles creó poderosas alianzas entre grupos comunales y distintos sindicatos, incluyendo los que estaban organizando a trabajadores inmigrantes recién llegados que ganaban bajos salarios en la industria de servicios-trabajadores que casi todos pensaban que eran “inorganizables”. La insurgente coalición de base provocó una fresca actitud ante la política electoral. En vez de apoyar a cualquier candidato que mencionara los valores democráticos, estaba dispuesta a postular a verdaderos progresistas para cargos-incluso en contra de miembros del Partido Demócrata en cargos y que estaban dispuestos a priorizar los deseos de las corporaciones por encima de las necesidades de los ciudadanos que los habían elegido. Un ejemplo fue el caso de Matthew “Marty” Martínez, un demócrata que llevaba 18 años en la Cámara de Representantes, que apoyaba el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (ALCAN) y el único demócrata californiano que respaldaba las posiciones de la Asociación Nacional del Rifle en cuanto al control de armas de fuego. Solís aceptó competir contra Martínez e hizo campaña como defensora de las familias trabajadoras. Ganó las elecciones después de apabullar a Martínez en la primaria demócrata con un voto abrumador de 62 por ciento contra 29 por ciento.
Durante sus 8 años en la Cámara de Representantes, fue fiel a su plataforma al redactar una legislación de “empleos verdes” y oponerse a acuerdos comerciales a favor de las corporaciones con países como Colombia.
Enfrentarse al robo de salarios
Debido a sus antecedentes, no debe extrañar que Solís se haya distinguido en la Administración Obama. Quizás el logro más extraordinario de su primer año como Secretaria del Trabajo haya sido su decisión de impedir el “robo de salarios”-un concepto que ha sido promovido en años recientes por activistas sindicales de base, incluyendo a Kim Bobo, fundador y director ejecutivo de Interfaith Worker Justice (Justicia Interfé para Trabajadores), y autor de El robo de salarios en Estados Unidos.
“El robo de salarios está generalizado en todas las compañías”, escribió recientemente Bobo. Se practica desde el negocio familiar de lavado de autos hasta por los dueños de restaurantes que roban las propinas a los trabajadores, reteniendo los cheques a los empleados más allá del día de pago prometido, sub-contratistas corporativos y tiendas Wal-Mart que exigen horas extras no reportadas o pagar por debajo del salario mínimo. Todo esto, argumenta Justicia Interfé para los Trabajadores, constituye “una ola de delitos de la que nadie habla”. Significa un robo a los trabajadores de al menos $19 mil millones al año, según la Fundación de Economía Política.
Bajo el Departamento del Trabajo de la Administración Bush, la crisis del robo de salarios fue ignorada sumariamente. En marzo de 2009, la Oficina de Responsabilidad Gubernamental emitió un informe diciendo que la División de Salarios y Horas del Departamento “dejó sin nadie a quien acudir a miles de víctimas del robo de salario que buscaron ayuda federal”. La Secretaria Solís hizo del reverso de esta tendencia una definitoria iniciativa de su departamento. Aún antes de que emitiera el informe, ella ya había comenzado a contratar a 150 nuevos investigadores de campo para que pusieran en práctica las leyes de salario y de trabajo infantil, así como 100 más para investigar a contratistas del gobierno que trabajaban en programas de estímulo.
Solo este esfuerzo extraordinario hubiera servido para felicitarla por su primer año. Pero más allá de enfrentarse al robo de salarios, Solís hizo varios cambios importantes. Habló con firmeza a favor de la aprobación de la Ley de Libre Elección del Trabajador (a pesar de que no está claro si el Congreso o el presidente comparten su entusiasmo). Instituyó un programa para garantizar la precisión en los archivos de las compañías acerca de enfermedades y accidentes de trabajo de los empleados. Su departamento desarrolló nuevas normas de seguridad para enfrentar el problema no regulado anteriormente de las explosiones de polvo. Y ayudó a los trabajadores inmigrantes al suspender las regulaciones de la era de Bush que los activistas argumentaban que suprimían los salarios para todos los empleados en la agricultura. Finalmente, en octubre de 2009, Solís trabajó con la Administración de Seguridad y Salud Ocupacionales (OSHA) para multar al gigante petrolero BP en $87 millones de dólares debido a cientos de “deliberadas y flagrantes” violaciones de las normas de seguridad en su refinería de Texas City, Texas, y por no remediar peligros ocupacionales después de una explosión en 2005. Fue la mayor multa de ese tipo en la historia de OSHA y demostró que Solís estaba cumpliendo su promesa de que habría “un nuevo alguacil en el pueblo” para hacer cumplir las regulaciones gubernamentales de seguridad.
Ampliando una revolución silenciosa
Algunas de estas medidas pueden parecer rutinarias y burocráticas. Pero para comprender lo importantes que son, es necesario comparar la vertiginosa actividad de Solís en su primer año con la larga estancia en el cargo de su predecesora, la Secretaria del Trabajo de la Administración Bush, Elaine Chao.
Una confiable conservadora veterana de la Fundación Heritage que se encontraba cómoda en el gabinete Bush/Cheney, la actitud de Chao en cuanto a poner en práctica las regulaciones salariales y de seguridad era, en el mejor de los casos, poco estricta. En esencia, sus actos dieron la señal a los negocios de que podían actuar según sus deseos. Debilitó significativamente la División de Salario y Horas de su departamento, y con excepción de una acción ordenada por un tribunal, OSHA no creó bajo su mando ni una sola regulación de salud o seguridad ocupacionales, incluso como consecuencia de accidentes industriales notorios. Como señaló el Representante George Miller (demócrata por California), su departamento dedicó más energía a rechazar regulaciones de seguridad, como la que buscaba evitar daños por movimientos repetitivos, el daño más común en el puesto de trabajo. Y su visión de “hacer cumplir” la ley de trabajo implicaba implementar un programa llamado eufemísticamente “ayuda al cumplimiento” que insistía en “solicitar a la comunidad de empleadores”, en vez de castigar a los que violaban la ley.
Cambios como los que Solís ha implementado no llegan mucho a los titulares. A no ser que uno esté en las trincheras trabajando en un tema específico que lo hace conciente de cómo la gente común y corriente es afectada por decisiones gubernamentales acerca de las normas laborales, vivienda o protección del medio ambiente, es fácil no darse cuenta de la diferencia entre un departamento como el de Solís y el de Chao-aunque la diferencia no puede estar más clara.
El Editor principal de New Republic, John Judis, ha llegado a decir recientemente que los cambios burocráticos realizados por la administración Obama significan una “revolución silenciosa”. Judis escribió que “Los tres predecesores de Obama se dedicaron a debilitar o incluso destruir el aparato regulatorio del país: la Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA), la Administración de Seguridad y Salud Ocupacionales (OSHA), la Comisión de Valores e Intercambio (SEC) y las otras agencias que se suponía protegieran a los trabajadores y consumidores por medio de prácticas regulatorias comerciales. Ahora Obama está intentando reconstruir estas instituciones golpeadas. Al hacerlo, no solo está mejorando la eficacia de varias oficinas gubernamentales o realizando algunas mejoras en asuntos aislados; está resucitando toda una filosofía de gobierno con raíces en la era Progresista de inicios del siglo 20. En conjunto, la recuperación por Obama de estas agencias posiblemente sea el logro más significativo de su primer año en la presidencia”.
En la ruta del progreso, el reto sigue siendo proseguir más allá de sutiles cambios regulatorios y convertir cualquier “revolución silenciosa” en una que se escuche bien alto. Para eso hará falta que lo hagan críticos externos y activistas actualmente desilusionados. Pero también se necesitarán servidores públicos progresistas que han demostrado lo que puede lograrse cuando a los reguladores se les alienta a que realmente realicen su trabajo— luchar de manera vigorosa y creativa por los intereses de los trabajadores, por ejemplo. Esos funcionarios tendrán mucho que aprender de Hilda Solís.
