En la semana antes del plazo de hoy, miles de personas de cinco países Musulmanes se presentaron para la cuarta ronda de inscripción especial en el Departamento de Seguridad Patria (Department of Homeland Security). Para muchos como ellos, esta iniciativa inmigratoria pos-9/11 resultó en detención, abuso y proceso de deportación.
Pocos se lamentaron cuando la agencia que primero administró el registro especial, el ampliamente despreciado Servicio de Inmigración y Naturalización (INS), su fusionó con el Departamento de Seguridad Nacional el 1 de Marzo. Pero las filas tempraneras que se alargaron por cuadras afuera del edificio federal en el centro de Manhattan destacaron la preocupación de que las comunidades inmigrantes puedan sufrir aun mas bajo la nueva burocracia.
El punto de vista – prevaleciente desde Sept. 11, 2001 – que ve a la inmigración principalmente como un asunto de seguridad nacional no tiene en cuenta la realidad de como la inmensa mayoría de los residentes que no son ciudadanos no presentan amenaza alguna a la seguridad de la nación. Ellos en realidad prestan una invaluable contribución a nuestras comunidades y sitios de trabajo.
En reconocimiento a esto, el nuevo departamento debe rechazar las políticas punitivas y en cambio adoptar procedimientos para asegurar que los funcionarios respeten los derechos de los que no son ciudadanos. En Marzo de 2000, individuos nacidos afuera hacían el 10.4 por ciento de la población de los EEUU. Un estudio realizado en 1998 por el Foro Nacional de Inmigración y el Instituto Cato determinaron que negocios y hogares de inmigrantes aportan anualmente $162 mil millones en impuestos locales y federales.
Políticos a ambos lados del espectro hacen eco a la creencia de Alan Greenspan que “este pais se ha beneficiado inmensamente del hecho que atraemos gente de todo el mundo.”
Funcionarios gubernamentales aseguran que el cambio a Seguridad Patria será indoloro para aquellos que no son ciudadanos. Pero el Secretario Tom Ridge por lo general deja de mencionar como se debe asegurar la equidad para las familias de los inmigrantes cuando describe la misión del departamento.
Seguridad Patria envió una señal especialmente dolorosa el 18 de Marzo, cuando Ridge anunció como los que buscan asilo de 34 países serán automáticamente detenidos durante los procedimientos de Operación Escudo de Libertad. Esto para encarcelar personas de países de mayoría Musulmana buscando escapar persecución en la mas reciente serie de políticas pos-9/11 a los que someten a tratamientos toscos sin considerar sus circunstancias individuales. Esta discriminación generalizada socava las aseguraciones del Presidente Bush que queremos trabajar conjuntamente con las comunidades Musulmanas en la guerra contra el terrorismo.
Registro individual, que comenzó en Diciembre del 2002, ya ha demostrado el potencial de esta políticas para corroer los derechos humanos mientras que deja de prevenir el terrorismo. De acuerdo con las mas recientes estadísticas del Departamento de Seguridad Patria, 46,035 personas de 24 países predominantemente Musulmán y de Corea del Norte fueron registradas hasta el 4 de Marzo. Se han iniciado mas de 4,800 casos de deportación, mayormente debido a violaciones menores de inmigración. Miles de aquellos que cumplieron con el registro especial han sido detenidos – algunos encadenados, registrados desnudos y retenidos sin cargos – por actos tan inofensivos como quedarse cortos en un crédito para el cumplir con el requerimiento de la carga académica de una visa estudiantil.
Claro está, verdaderos terroristas son las personas menos probables a presentarse para ese tipo de trato.
Los residentes que no son ciudadanos y trabajan para traer legalmente a este pais a una esposa ú hijo enfrentan años de pérdidas acumuladas. Si el Departamento de Seguridad Patria continua dedicando personal a programas punitivos, son los inmigrantes y sus familias que pagarán el precio del incremento en las demoras burocráticas.
A medida que el Departamento de Seguridad Patria absorbe al malogrado INS, funcionarios deberían mas bien instituir reformas que apoyen la dignidad de aquellos que dependen de los servicios de inmigración para vivir y trabajar en este pais. Un primer paso sería terminar las políticas pos-9/11, incluyendo el registro special, que no son mandatarios por ley. Estas políticas no solo discriminan contra Sud Asiáticos, Arabes, Musulmanes y Filipinos, pero afecta negativamente a todos las comunidades de inmigrantes.
Segundo, en vez de trasladar recursos de los servicios inmigratorios a ejercer la coacción, el Departamento de Seguridad Patria debe dedicarse a reducir los retrasos y errores administrativos que hacen que los no ciudadanos pierdan su estado legal por errores que no son de ellos. Tercero, el departamento debería invertir en desarrollar alternativas a la detención, sobre todo para refugiados y los que solicitan asilo.
Finalmente, los legisladores deberían atender las demandas de las comunidades y organizaciones legales para que un veedor fortalecido reciba autoridad específica para investigar y tener acceso a registros, y que la confidencialidad de las quejas sea protegida. Somos una nación construida por inmigrantes, por lo tanto no podemos dejar la cuestión de su trato equitativo en manos de funcionarios políticos. La presión pública debe obligar que la nueva agencia asegure como el respeto para los derechos de los inmigrantes esté al frente de los esfuerzos de reestructuración y no perdida en la baraja burocrática.
