Ver al Presidente George W. Bush y al Primer Ministro británico Tony Blair alardear de sus buenas acciones a favor de los pobres del mundo es suficiente para hacer que cualquier oponente del imperio y de la globalización corporativa se avergüence. Quizás debido a esa desagradable visión los progresistas han estado divididos en su respuesta ante el anuncio de un importante acuerdo acerca de la cancelación de la deuda. Como adelanto a la cumbre de la próxima semana en Escocia, los líderes de los países industrializados del G8, liderados por Bush y Blair, acordaron cancelar el 100 por ciento de la deuda que tienen 18 de los más pobres países con el FM, el Banco Mundial y el Banco de Desarrollo Africano.
Mientras que algunos de la izquierda han aplaudido el acuerdo, muchos otros han puesto el énfasis en preguntar: “¿Dónde está el truco?” Algunos han llegado a decir que el acuerdo en realidad hace más daño que bien al poner condiciones dañinas al alivio de la deuda.
Con certeza existe razón para ser escéptico: no hay que ser un cínico encallecido para dudar de la verdadera naturaleza de la compasión de Bush y de Blair. Sin embargo, aunque el acuerdo dista de ser perfecto, en última instancia es un genuino avance de producto de una década de creciente presión del movimiento social. Sin duda, los que hemos hecho campaña en favor de la cancelación de la deuda o hemos simpatizado con la causa debiéramos divulgar los límites del acuerdo y presionar en pro de mayores cambios. Pero debemos hacer esto al mismo tiempo que celebramos el progreso que hemos alcanzado. En vez de permitir que los líderes pretendan que la cancelación de la deuda surgió de sus compasivos corazones, debiéramos insistir en que se dé crédito a quien se lo merece: subrayar la dedicación de los activistas de todo el mundo que han llevado la injusticia de la deuda al primer plano de la discusión internacional.
Los progresistas que han atacado el acuerdo de la deuda enfatizan que, incluso al anunciar la cancelación, los ministros de Finanzas del G8 reafirman explícitamente un paradigma económico neoliberal. En su declaración, los líderes del G8 declaran que “el impulso al desarrollo del sector privado” y “la eliminación de impedimentos a la inversión privada, tanto nacional como extranjera”, siguen siendo imprescindibles para su modelo de desarrollo. Con respecto al alivio de la deuda, ellos declaran que “el buen gobierno, la responsabilidad y la transparencia” serán requisitos para que los países obtengan la cancelación”. Históricamente tales términos han sido palabras claves para la imposición del ajuste estructural a las naciones pobres. Según los ministros del G8, un país que practique el “buen gobierno” es el que acepte de todo corazón el Consenso de Washington.
Aunque la retórica de la declaración del G8 parece preocupante, tales posiciones son normales en las declaraciones oficiales de política exterior. En la práctica, el acuerdo del G8 no crea nuevas condiciones para la cancelación. Simplemente mantiene las condiciones requeridas por la existente Iniciativa de Países Pobres con Gran Deuda, o HIPC.
HIPC fue creada en 1996 y ampliada en 1999, en respuesta a un creciente coro de defensores que exigían la cancelación de la deuda. El programa prometía alivio a 42 países pobres “cumplidores”, principalmente en áfrica Sub-Sahariana. Sin embargo, a fin de que se cancelara la deuda por la HIPC, los países tenían que sufrir años de reestructuración económica exigida por el Banco Mundial y el FMI. Incluso a los países que lo hicieran le decrecían los pagos del servicio de la deuda, como promedio, en sólo 33 por ciento. El objetivo final del programa de la HIPC era eliminar solamente 65 por ciento de la deuda de esos países Ðmucho menos que la cancelación total.
Bajo el nuevo acuerdo del G8, 18 países reciben la cancelación total de la deuda con el FMI y el Banco Mundial, y otros nueve países puede que reciban un alivio similar en una fecha posterior. Los 18 países escogidos son los que han alcanzado un “punto de completamiento” bajo el HIPC, lo que significa que ya han cumplido con los onerosos mandatos económicos. Como el acuerdo G8 mantiene esta “condicionalidad”, los nuevos países que deseen ser incluidos en futuras cancelaciones deben soportar los “ajustes” neoliberales. Evidentemente esto es un problema.
De acuerdo con esto, claramente es mejor para los países pobres que ya han sufrido las condiciones de la HIPC recibir la cancelación total, en vez del alivio parcial inadecuado. La cancelación total del 100% ha sido una de las exigencias fundacionales del movimiento de alivio de la deuda. Es algo que ha sido resistido por las naciones ricas a través de años de protestas masivas y persistente cabildeo. Al confirmar la legitimidad de esta demanda negada durante tanto tiempo, el acuerdo del G8 crea un precedente importante.
Este avance representa una victoria significativa. Marca un viraje de al menos mil millones de dólares al año en recursos que regresan a las naciones pobres. Supuestamente la forma más efectiva de ayuda, la cancelación de la deuda permite a esos países retener y utilizar sus propios fondos en pro del desarrollo humano. Al contrario de lo que aseguran los críticos conservadores, funciona. Hasta la limitada cancelación lograda por medio del programa de la HIPC produjo algunos resultados impresionantes. Las estadísticas del Banco Mundial muestran que entre 1999 y 2004 los 24 países que habían recibido un alivio parcial de la deuda bajo la HIPC fueron capaces de casi duplicar su gasto para programas de reducción de la pobreza–incluyendo educación, cuidados de salud y agua limpia.
Algunos grandes grupos europeos de asistencia, e incluso firmes baluartes progresistas como John Pilger, se han quejado de que, a fin de financiar el acuerdo de la deuda, Estados Unidos trasladará algunos fondos provenientes del programa de asistencia” del Banco Mundial. Los países perderán en asistencia lo que ganen en alivio del servicio de la deuda, según se argumenta. Sin embargo, esta es una lectura errónea del compromiso que fue alcanzado a fin de obtener el acuerdo de la deuda. Aunque algunos fondos sí serán redirigido, Estados Unidos y otros prestamistas han acordado suministrar más dinero para “asistencia” del Banco a fin de cumplir con las demandas de un incremento neto en financiamiento. Para Pilger y los grupos caritativos eso debiera ser una victoria, aunque parcial. Para los que consideramos que el “desfinanciamiento” del Banco Mundial no es algo tan malo, la cuestión sigue siendo por qué en primer lugar tales defensores estaban tan decididamente a favor de la “adicionalidad”.
Quizás más importante que lo que ya se ha logrado, el acuerdo de la deuda ha colocado a los defensores, tales como los del movimiento Jubilee, en una excelente posición para presentar nuevas exigencias. La eliminación de la condicionalidad será más fácil, ahora que la cancelación total haya sido aceptada tanto como moralmente justa como políticamente factible. Además, las naciones del G8 progresivamente han perdido terreno para negar el alivio a países más allá de los 18 ya incluidos. Además de los otros 20 ya en la HIPC, los defensores del alivio de la deuda pueden dedicar su atención a hacer hincapié en el sufrimiento de países pobres endeudados como Haití, Nigeria y Filipinas, que no estuvieron incluidos en el programa previo debido a las fórmulas específicas usadas por el Banco Mundial para determinar la elegibilidad.
Igualmente, el movimiento está preparado ahora para presionar al G9 acerca del tema de la deuda “odiosa”, lo que cuestiona la legitimidad de la deuda incurrida por regímenes represivos en lugares como Indonesia, Chile y Sudáfrica. Aunque la deuda odiosa, como tal, no está incluida en el presente trato, el acuerdo ha contribuido al impulso que se ha estado creando alrededor del tema, al menos desde que la administración Bush hizo campaña para que se perdonaran las deudas odiosas de Irak de la época de Saddam Hussein.
Finalmente, además de terminar la condicionalidad y aumentar la lista de países que reciban el alivio, los activistas podrán utilizar como precedente el acuerdo mientras trabajan para expandir la lista de instituciones que cancelen sus deudas, obligando a acreedores multilaterales a menudo ignorados, como el Banco Interamericano de Desarrollo, a que cumplan la norma establecida.
El acuerdo de la deuda representa tanto una mejoría medible sobre el estado previo de cosas, como colocar a los activistas en una posición mucho mejor para impulsar mayores mejoras. Eso, en resumen, es una buena definición de una victoria. En un mundo de retos y derrotas, donde los obstáculos a que se enfrentan los movimientos progresistas son enormes, es muy fácil abandonarse a la desesperación. Si tan sólo fuera por esa razón, debiéramos tener cuidado en reclamar nuestras victorias y celebrarlas–antes de continuar con el trabajo que falta.
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Research assistance for this article provided by Jason Rowe. Photo credit: U.S. Federal Government / Wikimedia Commons.
