Cuando una campaña electoral muy reñida llega a su fin, casi todo el mundo prefiere despertarse al día siguiente sabiendo quién es el ganador. Pero a veces, como en las elecciones presidenciales del 2 de julio en México, la campaña resulta tan reñida que la certificación del resultado exige una clara transparencia y, sí, a menudo una lenta deliberación. En tales casos, tomarse su tiempo puede ser la mejor opción para la democracia.
Puede que resulte una sorpresa para muchos norteamericanos oír decir que no hay un triunfador aún en las elecciones presidenciales mexicanas. Aunque la mayoría de las fuentes noticiosas en Estados Unidos se apresuraron a declarar al conservador Felipe Calderón como el ganador la semana pasada, cuando el conteo completó mostró que él llevaba una ventaja de 0,6 por ciento, la decisión no era definitiva. Una vez que el órgano de conteo de México ha terminado su trabajo, el Tribunal Federal Electoral del país tiene la responsabilidad de verificar el conteo, solucionar cualquier disputa pendiente y anunciar un ganador oficial.
Parte de la estrategia de campaña de Calderón ha sido comportarse como si las elecciones ya estuvieran decididas y él ya fuera presidente. No debiéramos hacerle el juego sin comprender el proceso electoral mexicano o insistiendo prematuramente en un vencedor.
A diferencia de Estados Unidos, México tiene un largo período bajo el presidente saliente después de las elecciones. El próximo no tomará posesión hasta diciembre. Es más, según la ley mexicana el Tribunal Federal Electoral tiene hasta la primera semana de septiembre para llegar a una decisión. El tribunal tiene la potestad de abrir las urnas electorales, ordenar un recuento voto por voto e incluso ordenar nuevas elecciones. Un nuevo recuento es ahora una de las demandas principales de la campaña del candidato progresista Andrés Manuel López Obrador, apoyado significativamente por la mayoría del electorado.
El Tribunal Federal Electoral puede trabajar en pro de la recuperación de la confianza pública en las instituciones democráticas –algo que disminuyó debido a la percepción de irregularidades en el conteo de votos de la semana pasada– aprovechándose del tiempo que la da la ley y creando toda la transparencia posible en su revisión.
EL 10 de Julio, López Obrador presentó una reclamación en el tribunal alegando numerosos problemas en las elecciones. Mientras que los observadores norteamericanos pudieran inclinarse a considerar la protesta de López Obrador como propia de un mal perdedor, la mayoría de los mexicanos lo reconocen como una parte legítima del proceso. Dada la larga historia de fraude electoral en el país, sería una tontería de parte del candidato si no cuestionara las irregularidades.
Entre otras instituciones respetadas, la Iglesia Católica en México ha defendido el derecho de López Obrador a cuestionar el conteo de votos ante el Tribunal Federal Electoral y incluso a convocar a protestas populares –como las que atrajo a cientos de miles de seguidores a la plaza principal de Ciudad México. Lejos de estar en contradicción con firmes instituciones democráticas, las protestas pacíficas son indicio de una ciudadanía participante que se niega a aceptar el tipo de engaño que durante mucho tiempo ha dominado el sistema político del país.
Por supuesto, las protestas no deben ser simplemente para criticar un resultado no deseado. Deben estar basadas en evidencias de fechorías. Observadores internacionales han confirmado que el Día de las Elecciones la mayor parte de los colegios electorales eran muy diferentes de cómo eran décadas atrás, cuando la compra de votos y la manipulación de las urnas eran la norma. Sin embargo, las irregularidades en el proceso de conteo de votos merecen la atención.
La campaña de López Obrador ha sugerido que pueden haber habido problemas en los conteos de hasta en un tercio de los aproximadamente 130 000 colegios electorales. La campaña desempeñó un papel crucial en llamar la atención a más de 2,5 millones de boletas que originalmente fueron dejadas fuera del conteo –boletas que sirvieron para reducir significativamente la ventaja de Calderón. Finalmente, López Obrador ha presentado evidencia que demuestra la posibilidad de una increíble connivencia entre los seguidores de Calderón y el Partido Revolucionario Institucional, que por mucho tiempo tuvo el poder.
Los seguidores de López Obrador aseguran que los incidentes citados en su petición al tribunal son suficientemente significativos como para alterar el resultado de las elecciones; mientras tanto, el equipo de Calderón confía en que las acusaciones no significan mucho. Independientemente de quién pueda ser vindicado, la demanda de un recuento total parecer ser perfectamente legítima.
Estados Unidos puede desempeñar un papel constructivo conteniéndose y dando tiempo a que esto suceda. El Presidente George W. Bush colaboró con la confusión la semana pasada al ser el primero de los líderes internacionales en llamar a Calderón y felicitarlo por su victoria. La Casa Blanca posteriormente justificó la llamada, pero también dijo que daría la bienvenida de igual forma a López Obrador si las autoridades mexicanas alteran el resultado final de las elecciones.
Mantenerse alejado del resto de la disputa electoral sería la actitud diplomáticamente más correcta de la administración Bush –y la que más ayudaría a fortalecer la democracia de México.
